La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) imputará a las empresas Operadora de Centro de Espectáculos (OCESA) y a Seguridad LOBO por su presunta responsabilidad en el fallecimiento de Miguel Ángel Rojas y de Berenice Giles, durante el festival AXE Ceremonia 2025.
En el 2025, cuando se celebraría la audiencia inicial por el accidente, la representación legal de la familia Giles fomentó un amparo para que se detuviera todo el proceso judicial y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y reiniciara la investigación para revisar si OCESA y LOBO podrían estar involucradas en la colocación ilegal de las estructuras que colapsaron sobre los fotógrafos y así, cambiar su situación jurídica de testigos a imputados.
Por medio de la jueza federal María del Carmen Sánchez Cisneros, la familia de Berenice Giles promovió el amparo 853/2025 para que se detuviera la audiencia hasta que el Ministerio Público determinara si existen más imputados.
A través de un comunicado, la familia Giles detalló que el 15 de octubre, la juez de control, Adriana Ivett Morales Chávez, secundó la presunta ilícita actuación de la Fiscalía, así que, narraron, le ordenó a la Ministerio Público Mercedes Karina Granados Peralta, que se apartara de los actos de corrupción y le diera la calidad de imputadas a OCESA y Seguridad Privada LOBO.
Tras la celebración de una audiencia de omisiones, la familia Giles Rivera obtuvo una suspensión definitiva para que el juez de control, José Luis Palacios Fernández, no celebre la audiencia inicial por el caso, hasta que la Fiscalía capitalina rectifique si OCESA y LOBO estuvieron involucrados en el accidente, sumado a otros actos de investigación que el Ministerio Público se habría rehusado a ejecutar.
Por lo tanto, luego de las presuntas negligencias que ha expuesto la familia Giles, respecto a que OCESA y LOBO violaron el programa especial de Protección Civil al solapar la entrada de esas grúas al festival, esos corporativos pasaron de calidad de testigos a imputados.
Del mismo modo, la defensa de la familia de Berenice afirmó que desde mayo existe una resolución administrativa donde expertos en Protección Civil determinaron que las empresas tuvieron que ver con la grúa indebidamente instalada.
Otro dato de prueba en el que confían es un vehículo de videovigilancia de circuito cerrado que se encontraba en el Parque el día del festival, en el cual, Seguridad Privada LOBO monitoreaba las cámaras de seguridad durante el festival. Evidenciaron que ese camión es propiedad de OCESA y que al investigar su matrícula en las placas, la Secretaría de Movilidad determinó que no existe en los registros de la capital.
Después, el siete de enero de 2026, cuando el juez de control Edgar Jesús Campos Burgos también se percató de las aparentes irregularidades, le recordó a la Ministerio Público que ella es una autoridad investigadora y le explicó que cuando un ciudadano denuncia a cualquier persona física o moral, su obligación es darle la calidad de investigada a esa persona, sumado a que debe de investigar los hechos que le denunciaron; y finalmente emitir su determinación.
Asimismo, el juez exhortó a la Ministerio Público que diera cumplimiento a lo que había resuelto la jueza Morales Chávez, en la audiencia del 15 de octubre de 2025.
Los padres y hermanos de los fallecidos han tomado líneas jurídicas distintas. Mientras que la familia Giles luchó para que los jueces obligaran la Fiscalía a reiniciar las indagatorias, los cercanos al fallecido, Miguel Ángel, acusó a la jueza María del Carmen Cisneros por retrasar la celebración del audiencia inicial por el caso, y sostuvieron que esas compañías no tuvieron competencia en las aparentes negligencias.
Señalaron que la juez María del Carmen Sánchez Cisneros ha tenido resoluciones que se caracterizan por alargar procesos y favorecer a los presuntos responsables en casos de alto perfil, como Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a quien se le acusa formalmente de encabezar una red de prostitución que operaba dentro de las oficinas de su partido; también, el caso de Sofía Von Roehrich, hermana del panista Christian Von Roehrich, señalada de asociación delictuosa y lavado de dinero, en la red de corrupción conocida como el Cártel Inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez.
A esto, la familia de Berenice lo ha calificado como una falsa justicia que por encima de observar el bien común, se valen de otros movimientos para abanderar “justicia”, sin transparencia, valiéndose de actos provocativos para interferir en el proceso y para desprestigiar el trabajo de la jueza federal.