Una mujer que permaneció nueve años privada de la libertad en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito obtuvo su libertad anticipada como resultado de un proceso de revisión interinstitucional impulsado por el Gobierno del Estado de México. Se trata del primer caso de externamiento registrado en la entidad en 2026.
La mujer, identificada como Lorena “N”, accedió a este beneficio como parte de la estrategia Mujeres Privadas de la Libertad, mediante la cual autoridades estatales revisan de manera individual los expedientes de mujeres sentenciadas para determinar la procedencia de esquemas de liberación anticipada, con base en criterios legales y de conducta.
De acuerdo con información oficial, el proceso de acompañamiento involucra a la Secretaría de las Mujeres, la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Consejería Jurídica, a través del Instituto de la Defensoría Pública.
Estas instancias participan en la revisión jurídica de los casos, la evaluación de los requisitos legales y la presentación de los expedientes ante los comités técnicos correspondientes.
Durante la actual administración estatal, encabezada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, un total de 54 mujeres han recuperado su libertad bajo este esquema de coordinación interinstitucional.
La estrategia es coordinada por la Secretaría de las Mujeres, que tiene a su cargo la articulación entre las dependencias involucradas y el seguimiento posterior a la liberación.
Para que una persona privada de la libertad pueda acceder a la libertad anticipada, las autoridades revisan de manera individual factores como el tiempo compurgado de la sentencia, el comportamiento durante su reclusión y el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente.
Una vez analizado el caso por la Secretaría de las Mujeres y el Instituto de la Defensoría Pública, el expediente es sometido a la evaluación de un comité técnico, que emite una resolución final.
Tras la liberación, la Secretaría de las Mujeres brinda acompañamiento durante un periodo de seis meses, con el objetivo de apoyar el proceso de reinserción social. Este seguimiento incluye la posibilidad de canalización a las Unidades de Atención a Mujeres en Situación de Violencia, donde se ofrece asesoría jurídica, atención psicológica y apoyo de trabajo social, en caso de que la persona liberada lo requiera.
Las autoridades estatales señalaron que este tipo de acciones buscan garantizar el acceso a la justicia y el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, particularmente de las mujeres, quienes enfrentan condiciones específicas de vulnerabilidad dentro del sistema penitenciario.
El gobierno mexiquense indicó que la política de revisión de casos continuará aplicándose de manera individualizada, con el objetivo de ampliar las posibilidades de libertad anticipada para quienes cumplan con los criterios legales establecidos y puedan reintegrarse a la vida en comunidad.
Según la información difundida, el enfoque del programa está orientado a facilitar procesos de reinserción social con acompañamiento institucional, una vez que las mujeres recuperan su libertad.