Bertha Alcalde Luján, responsable de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), estuvo al frente de la Jornada de Diálogo sobre el Plan de Política Criminal 2026, cuyo propósito es conformar una plataforma que sirva para reflexionar, analizar e intercambiar puntos de vista en torno a las políticas, programas y acciones en el tema de procuración de justicia capitalina.
En el transcurso de sus intervenciones en la mesa de diálogo, Alcalde Luján comentó que dicho instrumento tiene el fin de brindar atención de forma integral a las necesidades sociales e instaurar una ruta orientada a la transformación institucional, por medio de la evaluación de resultados y la implementación de estrategias distintas para dar solidez a la institución.
Así, este espacio fue concebido como un espacio de apertura e inclusión para las aportaciones de diversos segmentos de la sociedad en la construcción de políticas institucionales, incluida la participación de la sociedad civil a través de una encuesta compartida en redes sociales y llevada a cabo en las instalaciones del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
“Tenemos claro que no podemos cambiar esta institución de la noche a la mañana, pero también que existe una ruta clara para ir modificando esos números que conocemos desde hace muchos años”, expresó la fiscal general.
En ese sentido, la fiscal general presentó los resultados cosechados durante su primer año de gestión, así como la prospectiva de trabajo para este año, entre cuyos ejes destaca la búsqueda de una mayor eficiencia a nivel institucional, el mejoramiento en materia de calidad de la atención provista, el combate a la corrupción y el enfoque en programas prioritarios.
Asimismo, subrayó la ejecución de un nuevo modelo de gestión que favorece la orientación de la investigación a partir del tipo de delito y su impacto social. Este modelo comenzó en algunas Fiscalías Territoriales y se prevé su ampliación a diez más.
De igual manera, Alcalde Luján hizo hincapié en la importancia de la implementación del Modelo de Litigación Integral, cuyo fin es dar articulación a las diferentes etapas del proceso penal y asignar a una sola área la responsabilidad del caso a lo largo de todo su desarrollo.
Se proyecta que este esquema pueda aplicarse en las Fiscalías de Investigación de los delitos de secuestro, desaparición de personas, extorsión, delitos financieros, delitos de atención prioritaria, así como delitos ambientales y de protección urbana.
La fiscal general, en ese ánimo, propuso continuar con el fortalecimiento de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC), por medio de la reconducción de casos para su resolución por esta vía. En 2025, por ejemplo, se dio cuenta de un incremento del 185% en los acuerdos reparatorios respecto de 2024.
Con relación a la administración de bienes incautados, hizo alusión al cambio de lógica en los procesos de aseguramiento de vehículos y bienes inmuebles, a partir de la implementación de un sistema digital con el que se pueda dar un seguimiento pormenorizado a cada una de las etapas y así, evitar que tengan lugar las prácticas irregulares.
Aunado a esto, seguirá la transformación del trabajo de la Policía de Investigación (PDI), con la intención de robustecer las capacidades de sus agentes y del personal pericial; también, se trabajará en la coordinación con el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) para disponer de una señal espejo de las cámaras de videovigilancia de la ciudad, lo que derivará en la optimización de las labores de investigación.
Expresó su interés en avanzar en la digitalización de la institución, primero mediante la implementación de carpetas digitales y, posteriormente, a través de un esquema de gobernanza de datos —conjunto de políticas, procesos, estándares y roles— orientado a la generación de información para fines de inteligencia institucional.
En materia de combate a la corrupción, informó que la Fiscalía CDMX se encuentra en un proceso de fortalecimiento del área de Asuntos Internos, mediante la implementación de estrategias en las fiscalías territoriales que faciliten la atención de delitos menores, así como la puesta en marcha de un teléfono de atención directa que permita la conexión de las personas usuarias con un equipo de supervisión.