La familia y representación legal de Berenice Giles, fotoperiodista que perdió la vida en el festival AXE Ceremonia, acusó que la Fiscalía capitalina filtró información a las empresas Operadora de Centro de Espectáculos (OCESA) y a Seguridad LOBO que serían imputadas por el fallecimiento de dos víctimas en ese evento, con la finalidad de que días antes de dicha resolución, se ampararan y libraran dicho señalamiento penal.
El pasado siete de enero, se celebró una audiencia de omisiones en contra de la Ministerio Público que lleva el litigio, en la que la autoridad judicial explicó que la obligación de la Fiscalía era imputar a las personas morales involucradas que fueron denunciadas, en este caso, OCESA y LOBO.
Por igual, el juez le exhortó a la Ministerio Público, Mercedes Karina Granados, a cumplimentar lo resuelto en la primera audiencia de omisiones que tuvo lugar el 16 de octubre del 2025, en la cual, la juez Ivette Morales llamó a la autoridad ministerial cargo de la carpeta de investigación para que se separe del caso, dado que habría formulado las imputaciones y construido la carpeta de investigación en la que la familia de Berenice fue desfavorecida.
Sin embargo, narró la defensa legal de la familia Giles, que el 12 de enero, dos días antes de que se expusiera el acuerdo donde OCESA y LOBO serían imputadas, representantes de los corporativos acudieron a los Juzgados de Distrito en Materia Penal a promover amparos en contra de dicha resolución, que le impidiera a la Fiscalía señalarlos de probables responsables de la instalación ilegal de dos grúas que se desplomaron sobre los fotógrafos y que les quitaron la vida.
“Alguien le dio información a OCESA y LOBO y casualmente, en la audiencia del siete de enero, las únicas partes que estuvimos presentes fue la familia Rojas Hernández y su asesoría jurídica, la familia Giles Rivera y su asesoría jurídica, una de las empresas imputadas y la Fiscalía. Eso nos hace pensar que fue la fiscalía la que le dio esta información a OCESA y a LOBO para que vinieran anticipadamente a tramitar sus amparos”.
“Tan son imputados, que la Ministerio Público ya les permitió el acceso a la carpeta de investigación para que ellos puedan ejercer su derecho a una defensa técnica, derecho que le asiste exclusivamente a las personas imputadas. Si OCESA y LOBO no fueran imputadas, no tendrían ese derecho, los testigos no tienen derecho a acceder a la carpeta de investigación ni a tener una defensa técnica”, explicó el abogado Fabián Victoria.
Para que el caso fuera revisado y se le ordenara a la FGJCDMX imputar a esos corporativos, la familia Giles fomentó el amparo 853/2025 a través de la jueza carta de distrito María del Carmen Cisneros Sánchez. No obstante, el 21 de enero, familiares y amigos de Miguel Ángel, el otro fotógrafo fallecido, acudieron a los Juzgados de Distrito en Materia Penal, en la colonia San Ángel, para pronunciarse en contra de esa autoridad judicial y presionarla para que revocara la suspensión definitiva que concedió para que no se celebrara la audiencia inicial hasta que se integrara a OCESA y LOBO a la carpeta de investigación en calidad de investigados.
“Desafortunadamente, la jueza de distrito cayó en esa intimidación y tenemos noticias de que echaron abajo nuestro amparo. Vino el asesor jurídico de la familia Rojas Hernández a presentar un escrito, pidiéndole a la jueza de distrito que resolviera el sobreseimiento (fin del recurso) de nuestro amparo fuera de audiencia constitucional. Afortunadamente y con la ley en la mano, en un primer momento la jueza le negó la petición, pues le hizo saber que era imposible, toda vez que la audiencia ya se había celebrado desde el mes de noviembre”, mencionó el abogado.
Luego de las presiones, dijo el abogado, la jueza dictó el sobreseimiento, pero no han sido notificados. También, denunció que las personas que acompañan a la familia de Miguel Ángel son “encapuchados enviados por OCESA”.
“Le tenemos noticias a toda la gente que insiste en echar abajo nuestro amparo, que lo hacen exclusivamente con la finalidad de proteger a OCESA e intentar su objetivo de que se celebre una audiencia inicial en la que no estén incluidas OCESA y LOBO. A pesar de que se pueda haber sobreseído nuestro amparo, todavía queda vivo nuestro derecho a recurrir a esa resolución, todavía tenemos la figura del amparo indirecto en revisión para que el asunto sea transmitido a un tribunal colegiado en materia penal y que sean tres magistrados los que analicen el sentido de la resolución y determinen si fue correcto o incorrecto el actual de la jueza”, añadió.
Agregó que el líder de la asesoría legal de la familia Rojas Hernández es Rubén Quintino, un académico que, evidenció, ha sido profesor de varios servidores públicos que laboran en al FGJCDMX, lo que, inculpó, rompe con la imparcialidad que debería de tener el Ministerio Público.
Preparan denuncia contra la Secretaría de Cultura
En días recientes, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México anunció un curso “¿Quieres fotografiar conciertos y no morir en el intento?”, el cual causó indignación entre la ciudadanía por coincidir con la muerte de Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas. Ante las críticas, la dependencia gubernamental retiró la publicidad y dijo que se acercarían con la familia de los finados para ofrecerles una disculpa, algo que de acuerdo con las defensas de ambas partes, no ha sucedido.
“A pesar de que el Parque Bicentenario — donde ocurrió el accidente — se encuentra bajo el control de la Secretaría de Cultura, están perfectamente enterados de lo que ahí ocurrió, respecto a Berenice y a Miguel Ángel, no les importó, decidieron utilizar ese título y burlarse de estas dos víctimas mortales”, agregó Victoria.
Por lo tanto, avisó que trabajan en una denuncia en contra de la Secretaría de Cultura por daño moral, revictimización, violencia de género y la violencia institucional.