La coordinadora del grupo parlamentario del PRI en el Congreso local, Tania Larios, presentó una iniciativa que busca sancionar el embarazo infantil de niñas menores de 14 años de edad.
Lo anterior, con el objetivo de frenar una de las expresiones más crudas de la violencia y la desigualdad que enfrenta la niñez, ya que las niñas no deciden embarazarse.
“El embarazo infantil no es una decisión, sino una consecuencia directa de la violencia sexual, la pobreza, la falta de educación integral en sexualidad y la ausencia de políticas públicas eficaces”, detalló la legisladora en tribuna.
Desde una perspectiva de derechos humanos, el embarazo en menores de edad constituye una forma de maternidad forzada que vulnera derechos como la salud, la educación, la integridad personal, el libre desarrollo de la personalidad y el derecho a una vida libre de violencia.
Por lo anterior, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas ha establecido que los Estados tienen una obligación reforzada de prevención, detección temprana y actuación institucional, incluso en ausencia de denuncia, dada la especial situación de vulnerabilidad de las niñas.
La legisladora aseguró que cada caso constituye una grave violación a los derechos humanos de las niñas y adolescentes, que el Estado no ha logrado prevenir ni atender, dejándolas en estado de indefensión.
“El embarazo infantil no puede seguir siendo ignorado ni minimizado. La omisión del Estado también violenta. No se debe permitir que la falta de voluntad política, la descoordinación institucional o el silencio sigan condenando a niñas a una maternidad forzada en la Ciudad de México”, declaró la priista.
¿En qué consiste la iniciativa?
La iniciativa, que busca reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal, ambos de la Ciudad de México, señala que el embarazo infantil ocurre en niñas de entre 10 y 14 años, una edad en la que no existe madurez física, emocional, ni social para asumir la maternidad.
Tampoco existen las condiciones reales para consentir de manera libre e informada una relación sexual o reproductiva.
Ante esta realidad alarmante, la iniciativa propone reconocer el embarazo infantil como una forma de violencia contra las mujeres, debido a los graves riesgos físicos, psicológicos y al impacto en el desarrollo integral de las niñas.
Asimismo, establece que esta conducta será considerada una agravante y sancionada conforme a los artículos 175, 181 y 181 Bis del Código Penal local, aumentando hasta en una mitad las penas correspondientes.
Dichos artículos regulan delitos sexuales. El 175 sanciona el abuso sexual (actos sin cópula), el 181 aborda el incesto, y el 181 Bis sanciona el hostigamiento sexual, tipificando conductas de acoso sexual, generalmente en relaciones de subordinación.
La iniciativa también obliga al personal médico que tenga conocimiento de los hechos, dar parte al Ministerio Público. Además, habrá agravantes en casos con violencia física o moral.
Tania Larios detalló que su propuesta busca que en todos los casos de embarazo infantil deberá prevalecer, sin excepción, el interés superior de la niñez.
“Se deberán activar de forma inmediata protocolos de protección, garantizar certeza jurídica a las víctimas y sancionar a los responsables, evitando cualquier forma de revictimización o negligencia institucional”.
Para concluir, destacó que con esta iniciativa se busca romper el círculo de violencia, abandono y desigualdad que trunca el proyecto de vida de miles de niñas, asegurando condiciones reales para la restitución de sus derechos, su desarrollo integral y una vida libre de violencia.