La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) emitió la recomendación 01/2026 por las agresiones físicas y verbales en contra de integrantes de la Asamblea Permanente del Pueblo Originario de San Gregorio Atlapulco y colectivos de la lucha por la tierra y el territorio, cuando se manifestaban al exterior de la alcaldía Xochimilco para defender la casa de cultura “Tlamachiloyan”, el cinco de septiembre del 2024.
En ese momento, un grupo de 30 operadores políticos y golpeadores enviados por la alcaldía dirigida en ese momento por José Carlos Acosta, reprimieron con armas blancas a los manifestantes, en presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Entre las víctimas se encontraban personas de la tercera edad y jóvenes, quienes fueron agredidos físicamente con palos.
La protesta tenía como objetivo exigir el retiro de los cargos penales contra Hortensia Telésforo, maestra y defensora comunitaria, acusada de despojo por su participación en la recuperación de un espacio público en San Gregorio Atlapulco, denuncia iniciada por la alcaldía Xochimilco.
Entre los manifestantes se encontraba Alejandro Velázquez, quien junto con otros compañeros fue detenido y golpeado durante el operativo. Los manifestantes y organizaciones locales responsabilizaron al alcalde José Carlos Acosta y a Francisco Pastrana Basurto por los actos de represión.
Policías agredieron a manifestantes
La situación se complicó aún más con la intervención de la SSC. De acuerdo con el organismo, efectivos de la Policía Auxiliar (PA), quienes estaban realizando funciones de seguridad y vigilancia en la explanada de la alcaldía, respondieron al incidente. La SSC aseguró que durante la confrontación, las personas involucradas adoptaron una actitud agresiva, realizando pintas en las instalaciones y desafiando a los trabajadores de la alcaldía.
No obstante, las víctimas relataron que cinco de las personas que participaban en la manifestación fueron detenidas por elementos de la PA y trasladadas a la Coordinación Territorial XO-2 de la Fiscalía capitalina, iniciándose a las 16:01 horas una carpeta de investigación en la que se les dio la calidad de imputados, por su presunta participación en delitos en contra de servidores públicos de la alcaldía Xochimilco.
Los pobladores acusaron que a las 19:35 horas, policías de la SSC activaron extintores contra los protestantes que se ubicaban al exterior de la Coordinación Territorial TLP-2 y TLP-3, por las cinco detenciones. Ahí, los elementos agredieron con escudos a las personas reunidas en el acceso principal, además, las jalaron de las extremidades, cabello y cuello, también las arrastraron por el piso y a algunos los ingresaron a la Fiscalía.
De igual modo, alrededor de las 19:43 horas, policías sometieron y agredieron físicamente a una persona para robarle su teléfono celular con el que documentaba lo que ocurría. Por igual, las autoridades lanzaban amenazas de represalias en su contra como:
“vas a valer madres por revoltoso”; “ya valieron madre, ahora sí, hijos de la chingada, los vamos a matar”; y hijo de la chingada, ya valiste verga”.
Días después, el titular de la policía auxiliar de la alcaldía Xochimilco fue removido de sus funciones.
Reparación del daño:
En ese sentido, en un plazo de 60 días naturales, la SSC llevará a cabo públicamente el reconocimiento de la responsabilidad de los hechos victimizantes y ofrecerá una disculpa pública a los manifestantes agredidos.
Asimismo, en el mismo plazo, la policía capitalina emitirá un oficio o circular dirigido a las áreas y personas servidoras públicas de la SSC con nivel de mando, así como a aquellos cuerpos de seguridad que participaron en la represión, que incluirá información sobre las violaciones a Derechos Humanos acreditadas.
También, los mandos involucrados identificarán acciones y medidas que permitan, en acciones futuras, la adecuada aplicación del Protocolo General de Actuación Policial. A partir de dicho análisis, las áreas competentes emitirán un informe que incluirá un diagnóstico de propuestas de mecanismos de mejora para la actuación policial en contextos de protesta, con especial atención a grupos prioritarios como mujeres, niñas, niños, integrantes de pueblos indígenas y periodistas.
Para la alcaldía Xochimilco, en un lapso de 60 días naturales ofrecerá una disculpa pública a los manifestantes y hará el compromiso de adoptar medidas de no repetición, así como evitar cualquier acto de criminalización futuro hacia los integrantes de la Asamblea General Permanente de San Gregorio.
Adicionalmente, la alcaldía establecerá una mesa de trabajo con integrantes de la Asamblea, para definir un cronograma para atender las demandas relacionadas con la regulación y formalización de la administración y el uso del espacio de la Casa del Pueblo Tlamachiloyan.
Con esto, se realizarán las solicitudes para que la CEAVI gestione tratamientos médicos, psicológicos y/o psiquiátricos a las víctimas directas por violaciones al derecho de la integridad personal.
Y para la Fiscalía capitalina, abrirá una carpeta de investigación relacionada con las agresiones realizadas por el grupo ajeno a la protesta y emitirá un plan de investigación que atienda la debida diligencia.
Una vez emitida la recomendación, Hortensia Telésforo manifestó que el acercamiento de las autoridades con el pueblo de San Gregorio Atlapulco ha sido a través de la violencia, engaños y represión, con acuerdos a favor de la recuperación del espacio público y de recursos naturales, que no se han respetado.
“Todos los derechos que tenemos los hemos ganado no en nuestras personas, si no en generaciones anteriores, en episodios tristes, muertes. Que no se nos olvide que ningún derecho nos ha sido regalado y que defenderlo, se habla de que los derechos son irrenunciables, pero hacerlos presentes, vivos, que se cumplan, tiene muchos riesgos y en este momento peor”.
Alejandro Velázquez, quien junto con otros compañeros fue detenido y golpeado durante el operativo, denunció que los hechos narrados en la recomendación sólo es un episodio más de la violencia que viven los pueblos originarios en la capital.
“Constantemente existen amenazas de muerte hacia compañeros que defienden el territorio. En los pueblos siguen las invasiones de tierras, la violencia en los procesos de consulta, las compañeras siguen siendo hostigadas. Todavía hay servidores públicos que participaron en los hechos, con total impunidad y que son cobijados. Hay personas que siguen con carpetas de investigación abiertas y mientras eso no se solucione, no se puede hablar de que exista plena justicia hacia los pueblos”.