El inmueble ubicado en San Antonio Abad 124, en la colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc, presentaba daños estructurales severos derivados de los sismos de 2017, condición que fue dictaminada desde 2018 por el Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México, informó el Gobierno capitalino, al precisar que la autorización de demoliciones corresponde exclusivamente a las alcaldías.
El secretario de Vivienda de la ciudad, Inti Muñoz Santini, explicó que tras el dictamen emitido hace ocho años los propietarios del inmueble fueron notificados sobre la necesidad de llevar a cabo su demolición, proceso que debía realizarse conforme a los procedimientos establecidos en la normativa local.
Cuando se trata de predios privados con usos no habitacionales —como oficinas o comercios— la Comisión para la Reconstrucción únicamente puede determinar la aplicación de facilidades administrativas o fiscales para que los propietarios realicen los trámites correspondientes ante la autoridad territorial.
Inti Muñoz Santini subrayó que dichas facilidades no constituyen permisos de demolición ni sustituyen los procedimientos legales establecidos para obras de este tipo.
“La aplicación de estas facilidades no es un permiso y no exenta a nadie de seguir los pasos normativos en materia de construcciones y demoliciones”, señaló.
El secretario precisó que la Constitución local, la Ley Orgánica de las Alcaldías y el Reglamento de Construcciones establecen que las alcaldías tienen la atribución exclusiva para registrar manifestaciones de obra, otorgar licencias de construcción o demolición y supervisar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones correspondientes.
En ese sentido, indicó que el 20 de octubre de 2025 la alcaldía Cuauhtémoc fue notificada mediante oficio de la aplicación de facilidades administrativas a los propietarios del inmueble, con el objetivo de que la autoridad territorial realizara las acciones que establece la normatividad vigente.
En ese documento también se establecía que, en caso de autorizar la demolición, la alcaldía debía verificar que el particular cumpliera con todos los requisitos legales, entre ellos contar con un programa de demolición avalado por un director responsable de obra, un programa de Protección Civil, una póliza que cubriera daños a terceros y medidas de protección para los predios colindantes.
Posteriormente, el 12 de noviembre de 2025, la alcaldía informó que había sido notificada del inicio de los trabajos por parte de la empresa constructora, señalando que se habían aplicado las facilidades administrativas y que se observarían los requisitos que marca la ley.
El funcionario también se refirió a un documento presentado recientemente por la alcaldía Cuauhtémoc, fechado supuestamente el 25 de septiembre, y aclaró que dicho oficio no corresponde a una negativa de licencia de demolición.
Explicó que se trata de la respuesta a un trámite de publicitación vecinal para una licencia de construcción especial de demolición, en el que se solicitaba a la empresa presentar planos, memorias técnicas y otros documentos para subsanar observaciones, otorgándole cinco días hábiles para hacerlo.
Por ello, indicó que a partir de ese documento no es posible determinar si posteriormente la licencia fue negada o autorizada, por lo que será la propia alcaldía la que deberá informar con precisión sobre las actuaciones realizadas.
Tras el incidente ocurrido en el inmueble, donde tres trabajadores de la construcción perdieron la vida, el Gobierno de la Ciudad desplegó acciones de atención y rescate para analizar técnicamente las áreas de riesgo.
Asimismo, señaló que se ha brindado acompañamiento a las familias de las víctimas, incluyendo atención psicológica, hospedaje y apoyo inmediato, además de vigilar que reciban las indemnizaciones correspondientes conforme a la ley.
Finalmente, se informó que la investigación para deslindar responsabilidades quedó en manos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, instancia que determinará las causas del accidente y las posibles responsabilidades administrativas o penales relacionadas con el caso.