Actualmente, el ambulantaje en la Ciudad de México es parte del paisaje urbano. Desde tacos, elotes y aguas frescas hasta ropa, juguetes y cargadores para celular, los vendedores ambulantes se ubican en múltiples puntos de la capital, especialmente en zonas de alto flujo peatonal como el Centro Histórico, la calle Madero, Avenida Juárez o la Alameda Central.
De acuerdo con cifras del Sistema de Comercio en Vía Pública (Siscovip), hay más de 80 mil vendedores registrados en la ciudad, aunque autoridades y especialistas estiman que contando a los no registrados, la cifra real podría acercarse a 200 mil personas que dependen del comercio informal.
Este fenómeno no es nuevo, pero su visibilidad ha aumentado en los últimos años. El crecimiento del ambulantaje ha generado que espacios públicos —que antes se mantenían relativamente libres— se conviertan en pasillos estrechos donde vendedores y peatones comparten porciones de banqueta, dificultando la movilidad y generando tensiones con comerciantes formales y ciudadanos que reclaman orden en las calles.
A lo largo del tiempo, las autoridades locales han intentado reordenar el comercio informal mediante operativos, reubicaciones y propuestas de regulación, con resultados mixtos. A pesar de los esfuerzos, en muchas áreas el ambulantaje persiste o vuelve a instalarse horas después de cada operativo.
“Aquí vivimos y trabajamos”
Para muchas familias, vender en la vía pública no es una elección, sino una necesidad. Los puestos ambulantes ofrecen una forma de sustento cuando otras opciones laborales son limitadas o inexistentes.
Sandra, de 48 años, está en la entrada de un desnivel de Calzada de Tlalpan desde antes de que salga el sol. Su carrito de comida —tacos al pastor y quesadillas— ya humea mientras clientes habituales se acercan con prisa antes de tomar un microbús o entrar al Metro. Lleva casi 20 años vendiendo aquí para sostener a sus tres hijos y ayudar a sus nietos cuando hay gastos inesperados.
«No es fácil, pero es lo que tenemos», dice Sandra entre risas nerviosas. «Aquí vivimos. Todo mi día comienza a las 4 a. m. y a veces no sé cuándo voy a volver a dormir». Su voz se mezcla con el ruido del tráfico y los vendedores que se organizan en fila para ofrecer sus productos.
Sandra explica que muchos han aprendido a adaptarse rápidamente a los operativos: al menor indicio de autoridades, guardan mercancía en sacos y se dispersan para luego regresar. «No es por rebeldía, es por necesidad», agrega.
Las obras de remodelación vinculadas con infraestructuras como la ciclovía y el corredor elevado han transformado la zona, y Sandra siente una presión creciente. «Antes veníamos a trabajar tranquilos; ahora nos dicen que nos van a cambiar de lugar, que nos van a mandar a un mercado.
Pero nadie nos dice cuándo ni cómo. Aquí es nuestro trabajo, aquí es nuestro sustento». El temor a perder el espacio donde ha construido su clientela es constante, sobre todo cuando no hay alternativas claras ofrecidas por el gobierno.En la Alameda Central, bajo los árboles y cerca de la fuente principal, encontramos a Luis, quien vende artesanías y bisutería hecha a mano. Para él, este espacio es mucho más que un lugar de trabajo, es parte de su identidad. «Yo no vendo solo por dinero, vendo porque me gusta ver a la gente sonreír cuando encuentra algo que le agrada», dice con orgullo.
Sin embargo, la estabilidad de su actividad está lejos de ser segura. En los últimos años, operativos y planes de reordenamiento han cambiado varias veces la forma en que los vendedores pueden ocupar el espacio.
En ocasiones, los ambulantes fueron desalojados por la policía, lo que generó enfrentamientos y detenciones, como ocurrió durante el intento de retiro de vendedores en la Alameda, que desembocó en jaloneos con las autoridades.
Luis recuerda esos días con frustración, pero también con determinación. «Nos dicen que vamos a ser regularizados, que habrá kioscos o espacios designados.
Pero eso no siempre se cumple, y mientras tanto hay que seguir viviendo». Su clientela incluye turistas y locales que buscan recuerdos únicos o simplemente disfrutan el ambiente.
Para él, el reto es diario: construir relaciones de confianza en un entorno donde la permanencia nunca está garantizada.
Regulación y la estigmatización
La Ciudad de México enfrenta un desafío urbano y social complejo en el que, por un lado, el ambulantaje ocupa espacios públicos que deberían facilitar la movilidad y el disfrute de todos; por otro, el comercio informal representa una fuente de ingreso central para miles de personas que no encuentran oportunidades en el empleo formal.
Los intentos de regulación se han multiplicado. Desde propuestas para instalar kioscos en la Alameda Central hasta planes más amplios de reordenamiento de banquetas y calles. Sin embargo, estos esfuerzos muchas veces chocan con la realidad de quienes viven al día, sin redes de protección social que les permitan dejar el comercio informal.
Otro desafío es el registro y la formalización. Aunque existen vendedores que están inscritos en sistemas como el Siscovip, muchos otros operan fuera de los registros oficiales, lo que dificulta cualquier intento de políticas públicas eficaces.
Las opiniones de la ciudadanía están divididas. Algunos ven al ambulantaje como una invasión de espacios públicos que entorpece la vida cotidiana; otros defienden que es una expresión legítima de economía popular y una respuesta a la falta de empleo digno.
En redes sociales se encuentran desde reclamos de ordenar las banquetas hasta defensas apasionadas de los vendedores ambulantes y recordatorios de que, sin ellos, muchas familias quedarían sin sustento.
¿Hacia dónde va el ambulantaje en CDMX?
El ambulantaje en la Ciudad de México no es simplemente un problema de orden urbano, también es una manifestación de las dinámicas económicas y sociales de una metrópoli donde millones de personas buscan cómo ganarse la vida.
En palabras de Sandra: «No queremos esconder nuestro trabajo, queremos que se nos escuche y que exista una forma digna de seguir vendiendo».
Para los comerciantes, en la Ciudad de México el ambulantaje sigue siendo tanto una forma de resistencia como un llamado a repensar las políticas públicas, la inclusión económica y la manera en que se concibe el derecho al trabajo en los espacios compartidos de la ciudad.