En la Ciudad de México los atropellamientos son una de las principales causas de muerte vial, de acuerdo con reportes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina, el 30% de las muertes viales están relacionadas con alcohol.
Y conducir en estado de ebriedad podría dejar una obligación de por vida. La vicecoordinadora del Partido Verde en el Congreso local, Rebeca Peralta, propuso una iniciativa para sancionar a los conductores ebrios que provoquen la muerte de una persona, bajo los efectos del alcohol, pagando una pensión mensual a los hijos de sus víctimas.
La legisladora detalló que el objetivo de la iniciativa es reconocer que las víctimas no sólo son quienes fallecen, sino quienes se quedan, ya que muchas familias pierden a su principal sustento y quedan en abandono económico.
La legisladora comentó a este diario que la iniciativa está dirigida únicamente a los conductores ebrios o bajo efectos de drogas “porque el beber y conducir es una decisión; al ponerte al volante en estado de ebriedad te pones en peligro, y a los demás también”.
“No podemos devolver la vida, pero sí podemos garantizar el futuro”, aseveró.
Añadió que en el caso de un accidente circunstancial, no se trata de una mala decisión, sino de un accidente. “Conducir ebrio y atropellar no es un accidente porque eso se puede evitar”, declaró.
La legisladora comentó que su iniciativa busca crear un nuevo esquema de reparación del daño con pagos periódicos, no solo indemnizaciones únicas.
“Actualmente la ley contempla la reparación del daño, pero en la práctica ésta suele limitarse a una indemnización única, la cual resulta insuficiente para cubrir las necesidades de largo plazo de niñas, niños y adolescentes que dependían económicamente de la víctima... Nosotros proponemos garantizar ingresos para el futuro de las niñas y niños”.
La también vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso capitalino reconoció que el sistema de justicia de la Ciudad de México parte de una visión incompleta al reconocer como víctima únicamente a la persona que fallece.
“Lo que estamos proponiendo es que la reparación del daño se real, que no sea de una sola vez, sino que incluya una pensión económica periódica que garantice la subsistencia y el desarrollo de las víctimas que se quedan”.
¿En qué consiste la iniciativa?
La iniciativa plantea adicionar el artículo 140 Bis al Código Penal para el Distrito Federal, en el que se establece que un juez determinará una monto de pensión tomando en cuenta los ingresos de la víctima y las necesidades de las personas beneficiarias.
Explicó que cuando la víctima contaba con un empleo o ingreso formal, la pensión se calculará con base en el salario que percibía, considerando el nivel de vida que sostenía para su familia.
Para los casos en los que la víctima no tenía un empleo remunerado, el cálculo se realizará considerando los gastos asociados a las labores de cuidado, alimentación, atención y acompañamiento que la persona aportaba dentro del núcleo familiar.
“Las labores del hogar también generan valor y sostienen familias, por eso deben ser reconocidas al momento de fijar la reparación del daño”.
¿Hasta cuándo se pagaría la pensión?
La propuesta establece que la pensión podrá extenderse hasta que las hijas, hijos o dependientes económicos alcancen la mayoría de edad o las condiciones que la autoridad judicial considere pertinentes en caso de que las víctimas sigan estudiando.
Además, contempla la adición del artículo 67 Bis a la Ley de Víctimas de la Ciudad de México para que las hijas e hijos sean reconocidos como víctimas indirectas y puedan acceder a apoyos económicos mensuales por parte del Estado mientras se desarrolla el proceso judicial.
“No podemos permitir que una indemnización única se convierta en un permiso para olvidar. La justicia debe ser completa, sostenida y enfocada en proteger a quienes más lo necesitan”, concluyó Rebeca Peralta.