El caso de Edith Guadalupe —hallada sin vida tras acudir a una supuesta entrevista de trabajo— se investiga como feminicidio; sin embargo, el Partido Verde y el PAN en el Congreso local pidieron que los funcionarios (que ya fueron separados de sus cargos) se enfrenten a la justicia por no actuar de inmediato ante la desaparición de la joven de 21 años.
El caso ha estado marcado por denuncias de irregularidades y presunta negligencia de la Fiscalía General de Justicia capitalina, señalada por su tardanza en activar los protocolos de búsqueda y por solicitar dinero a los familiares de la víctima para acelerar la búsqueda.
De acuerdo con el testimonio de la familia de Edith, los funcionarios señalaron que debían esperar 72 horas para iniciar con la investigación (por si se había ido con amigas o el novio).
Autoridades debían actuar de inmediato
Por lo anterior, la vicecoordinadora del Partido Verde en el Congreso local, Rebeca Peralta, llamó a indagar a funcionarios de la Fiscalía capitalina por posible homicidio por omisión.
La diputada aseguró que las autoridades tienen la obligación de actuar con inmediatez ante cualquier reporte de desaparición, especialmente cuando existe la posibilidad de que la víctima aún pueda ser localizada con vida, “si no lo hacen no sólo deben ser destituidos, sino deben tener una sanción penal”, sentenció la legisladora.
Rebeca Peralta dijo a Crónica que va contra la Ley que un servidor público indique que se tengan que esperar 72 horas para iniciar la búsqueda de una persona desaparecida.
“Desde las reformas a la Ley General en materia de desaparición y la actualización del Protocolo Homologado en 2025 y 2026, la obligación es clara: la búsqueda debe comenzar de manera inmediata, sin ningún tipo de plazo o dilación. Esperar no sólo es ilegal, puede costar vidas”, añadió.
Peralta aseguró que es indispensable que la Fiscalía determine con precisión la hora de la muerte de la víctima, ya que este elemento permitiría establecer si, al momento de la denuncia, Edith Guadalupe aún se encontraba con vida y si la omisión institucional impactó directamente en la posibilidad de localizarla con vida.
“Cuando la falta de actuación o la actuación indebida de servidores públicos puede incidir en la pérdida de una vida, la responsabilidad deja de ser administrativa y se convierte en un asunto de carácter penal que debe investigarse con toda seriedad”, dijo.
La también vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos, urgió que se investiguen y deslinden responsabilidades no sólo administrativas, sino también penales, no únicamente por los posibles actos de extorsión al solicitar dinero a los familiares para iniciar las diligencias, sino de manera directa por el impacto que estas omisiones pudieron tener en la consumación del homicidio de la joven.
De igual forma, hizo un llamado a la Fiscalía capitalina, encabezada por Bertha María Alcalde Luján desde el 10 de enero de 2025, para que se analice la procedencia de la extinción de dominio del inmueble donde fue localizada la víctima, al tratarse del lugar donde ocurrió el crimen.
Finalmente, Peralta expresó sus condolencias a la familia de la víctima y reiteró que el caso debe llegar hasta sus últimas consecuencias.
Caso demuestra que la FGJ se mueve con lana
Al respecto, legisladores del PAN, señalaron que la familia de Edith está advirtiendo lo que es la FGJ y llamó a que los funcionarios que no actuaron de inmediato se enfrenten la justicia por ser cómplices.
“Por su negligencia y omisión. A lo mejor pudimos haber encontrado viva a Edith”, dijo Mario Sánchez.
“Este caso demuestra lo podrida que está la Fiscalía, todo se mueve con lana... Esto nos pone a prueba a todos, es el parteaguas para que se acabe la basura de la Fiscalía”.
El diputado llamó a Bertha Alcalde, titular de la FGJ local, a que se haga verdadera justicia y se dé una prueba de que no habrá más servidores públicos corruptos.
“Creo que tienen que ir varios a la cárcel y así se da un escarmiento al interior de la Fiscalía para quienes trabajan ahí”, concluyó.