La presidenta de la Comisión de Planeación del Desarrollo del Congreso de la Ciudad de México, Olivia Garza, presentó una denuncia ante la Secretaría de la Contraloría General capitalina en contra de la titular del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP), Patricia Ramírez, por presuntas violaciones graves a la ley durante el proceso de formulación, difusión y consulta del Plan General de Desarrollo (PGD) 2025 - 2045.
La legisladora panista acusó que el proceso estuvo marcado por la simulación, la opacidad y el incumplimiento deliberado de obligaciones legales básicas.
“Aquí no estamos frente a errores administrativos: estamos frente a un patrón de decisiones que ignoraron la ley como si fuera opcional”, comentó al señalar que la denuncia se sostiene en tres ejes principales.
El primero, es que Plan General de Desarrollo nunca fue presentado a la Junta de Gobierno para su aprobación, como lo exige la ley, lo que pone en duda su validez desde el origen.
En segundo lugar, no hubo un proceso de difusión, violentando el principio de máxima publicidad; el documento se hizo público apenas durante tres horas antes de la consulta.
Y en tercero, acusó que se ocultaron los mecanismos de participación ciudadana, ya que no existe un anexo que documente cómo se integraron las opiniones de la ciudadanía.
Garza advirtió que estas irregularidades no son menores y podrían invalidar todo el proceso del PGD antes incluso de analizar su contenido.
“El documento nace viciado. No se puede construir desarrollo sobre un proceso ilegal, la autoridad tendrá que responder con un sí o un no: ¿cumplieron la ley o no? Y todo indica que no”.
Exige separación del cargo
Por lo anterior, Olivia Garza exigió la separación inmediata del cargo de Patricia Ramírez, para garantizar una investigación sin interferencias.
“No puede haber una investigación seria mientras la persona señalada siga operando desde dentro de la institución. Es un conflicto evidente y una falta de respeto al proceso”.
Y aseguró que mantener a Ramírez en el cargo enviaría un mensaje de impunidad y encubrimiento. “Si no hay consecuencias, entonces la ley en esta ciudad es letra muerta”, dijo.
La diputada recordó que la bancada del PAN en el Congreso local presentó un diagnóstico técnico sobre el proyecto del PGD, en el que identificó diez focos rojos que, de no corregirse, podrían debilitar su viabilidad y cumplimiento.
Para finalizar, aseguró que el proyecto actual carece de reglas claras, respaldo financiero y mecanismos de cumplimiento. Además, señaló que no se plantea un piso parejo en todas las alcaldías, sino que se centraliza el crecimiento de la ciudad en una sola zona.
Ejemplificó que el PGD no le da la importancia necesaria a uno de los temas más importantes para la capital, como lo es la seguridad, que sólo destina 10 paginas para plantear el tema en un plazo de 20 años.
La diputada recordó que dichas observaciones fueron presentadas formalmente ante el IPDP, con el objetivo de fortalecer el documento y garantizar que la Ciudad de México cuente con un plan sólido, viable y con mecanismos reales de cumplimiento, pero no se corrigió y de ello se deriva la denuncia.