La audiencia por posibles omisiones en la carpeta de investigación en el caso AXE Ceremonia, acabó en un enfrentamiento entre la representación legal de la familia Giles Rivera, fotógrafa fallecida en el festival en 2025, y simpatizantes al movimiento “Hoy todos somos por Miguel” — afines a la causa del joven fallecido en el evento —.
Cuando finalizó la audiencia en los juzgados de la Colonia Doctores, allegados a la familia del fotoperiodista Miguel Ángel Rojas Hernández reclamaron al abogado de la familia Giles Rivera, Fabián Victoria, que durante un año han promovido múltiples amparos con la finalidad de detener la celebración de la audiencia inicial y que previamente se realicen las imputaciones correspondientes a Operadora de Centros de Espectáculos S.A. de C.V. (OCESA) y a Seguridad Privada LOBO.
El descontento surgió dado que cuando las familias tomaron caminos legales distintos, el equipo de juristas de los Rojas Hernández estuvo de acuerdo con el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), instancia que consideró que esos corporativos no tenían responsabilidad en la colocación ilegal de dos grúas que colapsaron sobre los fotoperiodistas.
El 21 de abril, en la audiencia de omisiones, promovida por los Giles Rivera, se discutiría el presunto negligente desglose de la carpeta de investigación realizado por la Ministerio Público Karina Grandos, es decir, un acto procesal mediante en el que se separa parte de una indagatoria (actas, testimonios o pruebas) para formar un nuevo expediente independiente.
Esto, según la representación legal, busca proteger y encubrir a estas dos empresas para fragmentar el hecho y la teoría del caso, con la garantía de que nunca van a ser condenadas ni sentenciadas por un juez penal.
La autoridad judicial aceptó que la FGJCDMX continúe con el desglose de la carpeta, aún cuando, según el abogado Fabián Victoria, es un acto ilegal.
“Decepcionados, porque esta determinación del juez de control implica alargar más el proceso. OCESA apesta a impunidad”, declaró Victoria.
Victoria negó las acusaciones de la representación legal de la familia Rojas Hernández, en las que se le acusa de proteger a las empresas imputadas. Señaló que esos corporativos buscan que se les declare inocentes, dado que OCESA y LOBO serían las únicas responsables de las irregularidades en la Protección Civil del evento del Parque Bicentenario y que ambas personas morales comparezcan ante un juez.
Tanto OCESA y LOBO han promovido amparos para librar señalamientos penales, los cuales han sido rechazados por el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México y que de inmediato, puedan ser imputados por la Fiscalía por el delito de homicidio culposo.
Por los 15 juicios de amparo promovidos ppr la empresa Operadora Eclectic S.A de C.V., para evadir las imputaciones por su responsabilidad, sumado a las acusaciones de posibles acuerdos en los que la familia Giles y las personas físicas imputadas han emitido escritos en los cuales tienen similutud en los argumentos, en las solicitudes planteadas y en los tiempos de presentación para que no se celebre la audiencia inicial para que previamente se responsabilice a OCESA y LOBO, el abogado lo calificó de coincidencias.
Además, mencionó que la audiencia de omisiones fue dirigida por el juez Edgar Jesús Campos Burgos, autoridad judicial que estuvo a cargo del proceso penal del desplome de la Línea 12 del Metro, caso en el que no existen personas detenidas.
Al exterior de los juzgados, un grupo de encapuchados del movimiento “Hoy todos somos por Miguel” gritaron insultos y amenazas hacia el equipo legal de la familia Giles Rivera.
Con pancartas, los manifestantes acusaban la promoción de amparos para frenar la audiencia inicial, así como presunta complicidad con las empresas imputadas, además de posibles actos de corrupción.
En respuesta, el equipo de abogados de Giles Rivera mencionaba que OCESA y LOBO no pueden evadir su posible culpabilidad en las negligencias en el caso AXE Ceremonia 2025.
Fabián Victoria agregó que los recursos promovidos para frenar la audiencia inicial han sido legales, tanto que, el número 853/25 en el juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México, fue aceptado y evitó que OCESA y LOBO únicamente fueran vistos como testigos por la Fiscalía.