La fiscal capitalina, Bertha Alcalde, anunció la destitución de un Ministerio Público y dos Policías de Investigación (PDI) que retrasaron durante más de 15 horas la búsqueda de Edith Guadalupe, y convirtieron la indagatoria en un proceso burocrático en el que rechazaron asistir al inmueble donde desapareció la víctima.
El día que se encontró el cuerpo de Edith, un PDI fue destituido.
Alcalde Luján calificó como indignante que los funcionarios públicos del área donde la familia de Edith denunció, no hayan ordenado que los Policías de Investigación acudieran al inmueble ubicado en Avenida Revolución 829, aún cuando existían ubicaciones y cámaras de videovigilancia que fortalecerían que la mujer se encontraba en ese complejo de departamentos.
Cuando la familia de Edith acudió al Centro de Atención Integral de Búsqueda de Personas (CAIBP) a la 1:10 del 15 de abril, la madre de Edith fue entrevistada y a las 4:25, se emitió un foto volante para la difusión de su pérdida, al mismo tiempo que proporcionó que su hija había acudido a avenida Revolución 829 y que fue el último punto del que se tenía registro de su paradero.
No obstante, la Policía de Investigación no fue instruida para acudir al inmueble, como tuvo que haber ocurrido, y fue hasta las 8:30 del 16 de abril cuando los agentes fueron instruidos para iniciar actos de investigación en el sitio donde Edith fue citada. Ahí solicitaron las grabaciones de las cámaras de vigilancia, las cuales, los vigilantes les negaron, ya que se requería la autorización de la administradora. Esto provocó un retraso de 15 horas.
“No se justifica de ninguna manera y será sancionado. Es indignante que una familia haya señalado con precisión dónde buscar desde un primer momento y que no se haya actuado con inmediatez”.
“Este tipo de omisiones no pueden volver a ocurrir. Se hizo una investigación burocrática tomando en cuenta en general las acciones que se deben de realizar en todos los casos desde el momento en el que se ve por última vez a la víctima, con la diferencia de que en este caso ya se tenía un domicilio”, reprochó la fiscal.
Cuando el área de Asuntos Internos de la Fiscalía cuestionó a los funcionarios por las fallas en su actuar, respondieron que priorizaron otros actos de investigación.
Por la presunta petición de dinero de un PDI hacia la familia para acelerar las indagatorias, aún no se cuenta con evidencia contundente que lo compruebe.