El Partido Verde en el Congreso de la Ciudad de México presentó una iniciativa para castigar con hasta 15 años de prisión a las personas que engañen con falsas ofertas de empleo o a quienes operen “reclutadoras fantasma”.
Recientemente se han reportado distintos casos en los que jóvenes son captados con falsas ofertas de empleo que derivan en desapariciones o reclutamiento forzado por el crimen organizado; tal es el caso del Rancho Izaguirre, identificado por las autoridades como un centro de reclutamiento forzado. O el caso de Edith Guadalupe, quien supuestamente acudió a una entrevista de trabajo en el lugar donde fue hallada sin vida.
La legisladora promovente, Rebeca Peralta, explicó que esta propuesta busca tipificar dicho delito en el Código Penal local, lo que cerraría un vacío legal que actualmente impide a las autoridades intervenir en las primeras etapas de riesgo, cuando las víctimas son contactadas bajo falsos procesos de contratación, que pueden derivar en delitos graves.
“Hoy cualquier persona puede ser contactada en segundos por alguien que aparenta ser una empresa legítima. Ese primer engaño no está tipificado como delito, y eso nos obliga a llegar tarde, cuando el daño ya está hecho”, advirtió.
Recordó que este tipo de personas operan con total impunidad —principalmente en redes sociales— aprovechándose particularmente de jóvenes y, sobre todo, de mujeres.
“Es un mecanismo que inicia con algo tan cotidiano como una oferta de empleo, pero que puede terminar en delitos de la más alta gravedad”, comentó la legisladora.
Detalló que la iniciativa contempla reformas al Código Penal para establecer que comete este delito quien, mediante la simulación de una oferta laboral o mecanismos de apariencia legítima, induzca a una persona a proporcionar datos personales, trasladarse a un lugar o realizar actos que la coloquen en una situación de riesgo.
Penas de 5 a 15 años de prisión
Establece penas de cinco a diez años de prisión, pero contempla agravantes que podrían elevar la sanción hasta 15 años, particularmente cuando la víctima sea mujer, menor de edad o persona en situación de vulnerabilidad, así como cuando se utilicen medios digitales o se busque aislar a la víctima.
“Se trata de darle al Estado herramientas para actuar antes de que una persona se encuentre en situación de vulnerabilidad y en riesgo de ser víctima de un delito. No podemos seguir reaccionando cuando ya es demasiado tarde”, señaló.
El proyecto también contempla que este delito se persiga de oficio, con el objetivo de no depender de la denuncia en contextos donde prevalecen el miedo y la desconfianza hacia las autoridades.
“Esta iniciativa es un mensaje claro para quienes operan desde el anonimato: se acabó esconderse para lucrar con la necesidad de quien busca trabajo. No son invisibles y vamos a cerrarles el paso”, afirmó.