Legisladores del grupo parlamentario de Acción Nacional en el Congreso local solicitó que la iniciativa de reforma en materia de rentas justas, presentada por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, se someta a una consulta pública antes de ser dictaminada, además del ejercicio de parlamento abierto previsto por la Ley.
Fue la presidenta de la Comisión de Planeación del Congreso capitalino, Olivia Garza quien sostuvo que una reforma de esta magnitud no puede aprobarse sin escuchar directamente a quienes se verán involucrados.
Dio a conocer que esta iniciativa impactará a más de 4 millones de personas —una cifra superior a la población conjunta de Iztapalapa y Gustavo A. Madero—, por un lado, alrededor de 2 millones que hoy viven en una vivienda rentada, y por otro, a quienes dependen de esos ingresos.
“En la ciudad hay cerca de 600 mil viviendas en renta, lo que significa que, en promedio, de esos alquileres dependen otras 2 millones de personas”.
Destacó que el Congreso local no puede legislar sobre vivienda sin escuchar a quienes viven de una renta o dependen de ella para subsistir.
“Se trata de una medida que incide en el acceso a la vivienda, pero también en la estabilidad económica de miles de familias... Lo único que estamos pidiendo es este ejercicio, llevemos esta iniciativa a consulta”, dijo.
Garza también exigió que, previo a la dictaminación de esta iniciativa, se incluya un estudio de impacto económico, que contemple la viabilidad financiera de la propuesta y sus efectos en el corto, mediano y largo plazo, con base en evidencia técnica y no únicamente en criterios políticos.
Vivienda, uno de los principales problemas en la CDMX
El coordinador del PAN, Andrés Atayde, reconoció que el diagnóstico del problema es compartido con el Gobierno de la local, que es acceder a una vivienda en renta o en propiedad es cada vez más difícil en la capital.
Dio a conocer que el PAN está abierto al diálogo y al análisis técnico, pero dejó en claro que cualquier iniciativa en materia de vivienda debe estudiarse con seriedad y sin afectar el derecho a la propiedad privada, al tiempo que debe generar incentivos para la inversión pública y privada.
“La vivienda lleva años siendo uno de los principales problemas en esta ciudad, cualquier propuesta en esta materia, venga de donde venga, debe analizarse con seriedad, con calma, sin violentar nunca el derecho a la propiedad privada y generando los incentivos para que la inversión pública y privada pueda darse en esta ciudad”, puntualizó.
La legisladora reiteró que la propuesta del Gobierno capitalino no hace diferencia en el impacto que provocará entre los distintos tipos de propietarios, ya que el impacto inmediato de esta iniciativa recaerá en los pequeños propietarios y no en las grandes inmobiliarias.
Lo anterior, debido a que solo se plantea regular los ingresos mediante posibles topes o controles, pero no contempla límites a los costos que se enfrentan como mantenimiento, inflación, impuestos y servicios, lo que genera un desequilibrio económico.
“Una persona que vive de una renta, sobre todo los adultos mayores y mujeres, terminarán gastando más en su vivienda de lo que obtienen de renta; es decir, le van a controlar lo que gana pero no lo que gasta en ella.
“Las grandes inmobiliarias cuentan con portafolios diversificados, acceso a financiamiento y estrategias fiscales para amortiguar pérdidas, ¿a quién le afectará más”, cuestionó.