El grupo parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, presentó una iniciativa con la que se busca establecer un sistema integral que garantice el abasto continuo, suficiente y oportuno de medicamentos e insumos médicos en todas las unidades del sistema de salud de la capital.
Se trata de una reforma a la Ley de Salud local y el Código Fiscal de la Ciudad de México que busca transformar de fondo la forma en que opera el Sistema de Salud en la Ciudad de México, al pasar de un modelo reactivo a uno preventivo, transparente y orientado a resultados, así lo informó el legislador promovente Ricardo Rubio.
El diputado destacó que aunque en el marco jurídico se reconoce este derecho, persisten deficiencias estructurales en la planeación, distribución, monitoreo y control del suministro que impiden su cumplimiento efectivo.
“El desabasto de medicamentos no debe entenderse como un problema aislado, sino como el resultado de fallas estructurales en el diseño del sistema de salud, entre las que destacan la ausencia de inventarios mínimos obligatorios, la falta de información en tiempo real, la limitada trazabilidad del suministro y la insuficiente coordinación entre las áreas responsables del abasto”.
Y señaló que dicha situación tiene consecuencias directas en la vida de las personas, ya que provoca la interrupción de tratamientos, el agravamiento de enfermedades y un incremento en los gastos de bolsillo de las familias.
Informó que en 2024 se dejaron de surtir más de 4.5 millones de recetas en el Sistema Público de Salud, lo que representa más de 11.5 millones de piezas de medicamentos no entregadas, afectando principalmente a pacientes con enfermedades crónicas.
¿En qué consiste la reforma?
La reforma plantea la incorporación del abasto de medicamentos como una obligación jurídica expresa, continua y verificable, que obligue a las autoridades a garantizar la disponibilidad efectiva de insumos médicos en todas las unidades de salud.
Además propone crear un sistema integral de gestión, monitoreo y trazabilidad, que permita conocer en tiempo real los niveles de inventario, los patrones de consumo y los riesgos de desabasto, mediante indicadores, alertas tempranas y mecanismos de seguimiento continuo.
Así como establecer inventarios mínimos y máximos obligatorios, definidos con base en la demanda real, el perfil epidemiológico y las necesidades específicas de cada unidad médica, con el fin de evitar interrupciones en los tratamientos.
Implementar protocolos de respuesta inmediata, que incluyan mecanismos de localización, redistribución, suministro y adquisición urgente de medicamentos ante niveles críticos de abasto.
Y el fortalecimiento del componente financiero del sistema, mediante la incorporación de un esquema de planeación, seguimiento y control del gasto público en medicamentos, en coordinación con la Secretaría de Administración y Finanzas, para garantizar su prioridad, suficiencia y correcta ejecución.
El panista enfatizó que uno de los aspectos más relevantes de la iniciativa es que vincula directamente el derecho a la salud con su respaldo presupuestal, reconociendo que sin una adecuada programación y ejercicio del gasto, cualquier obligación legal corre el riesgo de quedarse en el ámbito declarativo.
Además aseguró que la iniciativa no implica necesariamente un incremento significativo del gasto público, ya que en su fase inicial se basa en el fortalecimiento de capacidades institucionales existentes, el uso eficiente de la información y una mejor articulación entre las áreas responsables del abasto.
“El problema no es únicamente cuánto se gasta, sino cómo se planea, cómo se coordina y cómo se actúa a tiempo. Garantizar el abasto de medicamentos es garantizar que el derecho a la salud deje de ser una promesa y se convierta en una realidad cotidiana”, afirmó.