En el Congreso de la Ciudad de México se analiza una iniciativa para garantizar transporte escolar público gratuito para niños, niñas y adolescentes con discapacidad en la capital.
La promovente de la iniciativa, la coordinadora de la Asociación Parlamentaria en el Congreso de la Ciudad de México, Diana Sánchez Barrios, señaló que su propuesta resuelve una falla estructural del Estado y garantiza el derecho a la educación para todas y todos.
Ejemplificó que, “cuando una niña o un niño con discapacidad no puede llegar a la escuela, no estamos frente a un problema individual, sino frente a una falla estructural porque el tema no es la discapacidad, sino las barreras como lo son la falta de transporte accesible, de coordinación institucional y de políticas públicas integrales”.
Destacó que el acceso a la movilidad es determinante para ejercer otros derechos como la educación y la salud; por lo que su iniciativa “no es asistencialista, sino transformadora”.
Agregó que las niñas, niños y adolescentes con discapacidad no son un grupo más, sino una población históricamente invisibilizada, atravesada por múltiples desigualdades, que viven en la intersección de distintas formas de exclusión por edad, por condición de discapacidad, por género, por condición económica y, muchas veces, por el territorio en el que habitan.
Lamentó que la felicidad de este grupo de niños y niñas se ve truncada desde que no pueden ir a la escuela ya que no pueden convivir, ni pueden desarrollarse plenamente y se les niega el derecho a la educación.
“Y también hablamos del derecho a la educación en su sentido más amplio: no solo el acceso formal a una escuela, sino la posibilidad real de aprender, de convivir, de desarrollarse y de construir un proyecto de vida”.
Aseguró que por ello la iniciativa de crear un sistema de transporte escolar público, gratuito y accesible, que garantice el traslado de niñas y niños con discapacidad a sus centros educativos.
La diputada reconoció que para ello se necesita a las alcaldías, a las dependencias, a la sociedad civil y a la iniciativa privada organizadas, bajo esquemas de responsabilidad social y coinversión, para garantizar que este derecho sea efectivo.
“Esta iniciativa plantea un cambio de mirada. Dejar de ver a las infancias como sujetos pasivos de protección y reconocerlas como sujetos plenos de derechos, como parte activa de nuestra comunidad.
“Y si hoy no garantizamos sus derechos, estamos comprometiendo el futuro de toda la sociedad. Legislar con perspectiva interseccional implica entender que no todas las infancias viven las mismas condiciones, y que quienes enfrentan mayores barreras deben ser nuestra prioridad”, concluyó.