La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cumplimentó la recomendación de Derechos Humanos 09/2025, debido a que esa institución, junto con el Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO), donaron al Instituto Politécnico Nacional (IPN) los restos de Julio César Cervantes Cabañas, joven con discapacidad encontraba desaparecido, entrega de cuerpo que se realizó sin haber notificado a su familia, aún cuando lo buscaban con presunción de vida.
Aunque la recomendación también iba dirigida al INCIFO, este organismo del Tribunal Superior de Justicia no participó en el acto.
Uno de los puntos recomendatorios llamó a la FGJCDMX a ofrecer una disculpa pública a la familia de Julio César, dado que tras su desaparición, el 20 de septiembre del 2021 en la alcaldía Álvaro Obregón, advirtieron al Ministerio Público que el joven tenía una discapacidad intelectual, situación que no fue tomada en cuenta por las autoridades.
La FGJCDMX omitió realizar una investigación y búsqueda con enfoque diferenciado. En este caso, las indagatorias se limitaron a pocos meses, para después ser un expediente más, registrándose grandes períodos de inactividad en su caso, sin que las autoridades realizarán actos relevantes para dar con su paradero, limitándose a lo que los familiares ya habían declarado en múltiples ocasiones y recayó en ellos la búsqueda e indagatorias.
Al mismo tiempo, la FGJCDMX perdió datos de prueba fundamentales cómo cámaras de videovigilancia, las cuales probablemente pudieron esclarecer los hechos y localizar a Julio César en los primeros días.
Sus restos fueron hallados hasta enero del 2024 en un parque de la alcaldía Coyoacán, sin que la Fiscalía territorial avisara a su homóloga de desaparecidos del hallazgo del cuerpo y por el contrario, el cadáver fue llevado al INCIFO y posteriormente donado a la Facultad de Medicina del IPN, sin haber agotado las líneas de investigación para su identificación.
Luego de acudir en múltiples ocasiones al INCIFO, con la esperanza de que su cuerpo estuviera en resguardo, fue hasta noviembre del 2024 que un trabajador del Instituto Nacional Electoral notificó a su madre que los restos de su hijo estaban en poder de esa institución. Al ingresar a reconocerlo, entregaron a Julio César sin órganos como lengua y esófago.
Adicionalmente, la Fiscalía tardó tres meses en la aplicación del cuestionario para recolectar datos de personas no localizadas, sin que se tomara en cuenta que el INCIFO ya lo había realizado, lo que provocó revictimización a su familia.
Con todo, no hubo acciones de búsqueda individuales, análisis estratégico, plan emergente de acción inmediata, entrevistas a profundidad y análisis de contexto, sumado a la tardanza de dos años en la solicitud de inscripción en el registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
Tampoco existió confronta de datos del cuestionario ante mortem con la información post mortem obtenida mediante periciales en medicina, fotografía, antropología y odontología, con ello se obstaculizó por más de 10 meses la investigación.
Esta situación provocó que Julio César fuera víctima de una segunda desaparición — administrativa —.
El titular de la Coordinación General Jurídica y de Derechos Humanos de la FGJCDMX, Omar Guadalupe Gutiérrez Lozano, reconoció que la actuación institucional estuvo plagada de omisiones y deficiencias, sumado a la falta de diligencia y coordinación generó retrasos que impactaron gravemente en el derecho de Julio César a ser buscado de manera inmediata y efectiva, así como el derecho de su familia a recibir atención adecuada.
“Sabemos que ninguna disculpa puede reparar por completo el dolor vivido ni revertir las consecuencias de lo ocurrido. Ninguna palabra basta frente a la pérdida y al sufrimiento, sin embargo, este acto no pretende cumplir con una formalidad, si no que tiene el significado de asumir públicamente la responsabilidad institucional reconocer el daño causado y comprometernos a seguir, trabajando en modificar y transformar nuestras prácticas institucionales orientadas a garantizar la correcta aplicación de los protocolos, mejorar la coordinación entre áreas ministeriales policiales y periciales, asegurando que cada actuación se realice”.
“Señora Laura, señor Lobardo (papá de Julio), a nombre de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ofrezco una disculpa sincera reconociendo que esta institución les falló en uno de los momentos más difíciles de sus vidas, asumiendo ante ustedes, la responsabilidad que nos corresponde. A la memoria de Julio César Cervantes cabañas respeto rendimos homenaje, su historia nos obliga a corregir, mejorar y a trabajar para que hechos como estos no vuelvan a repetirse, la búsqueda de personas desaparecidas debe ser una prioridad absoluta para el estado mexicano”, dijo el titular de la Coordinación General de Derechos Humanos.
La madre de Julio César, Laura Cabañas, tomó la palabra y reprochó que luego de la desaparición, la pérdida de su hijo se convirtió en un expediente más, sin importarle a las autoridades que el joven tenía sueños, esperanzas y anhelos.
Reclamó que las omisiones de la Fiscalía no fueron menores, si no que prolongaron su dolor y angustia, obligándolos a seguir buscando a Julio, incluso cuando la Fiscalía ya tenía conocimiento sobre su paradero.
“Aceptamos esta disculpa pública como un acto de responsabilidad por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, no obstante, las palabras deben de ir acompañadas de acciones, cambios estructurales y medidas de no repetición para que nunca más ninguna familia tenga que pasar por lo mismo”.
“Algunos días siento que mi corazón está aprendido a vivir sin ti. Reconozco que la vida continúa, te vi partir y no pude hacer nada, tuve que verte en una caja sin entender porque te arrancaron de mi vida, me duele mucho y sé que en algún momento nos habremos de encontrar, lo que más me ha dolido en esta vida eres tú, ya no habrá más despedidas por lo pronto, por favor visítame en mis sueños”, enunció Laura Cabañas a su hijo.