La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) no tiene en sus registros alguna denuncia por el delito de violencia vicaria, aún cuando en junio de 2024 se tipificó este crimen el los Códigos civil y penal, dado el crecimiento de quejas de madres que acusaban a los padres de sus hijos de utilizar a sus progenitores para violentarlas de manera económica, psicológica y no cumplir con sus obligaciones de manutención.
Esto, señalan madres envueltas en esta problemática, no se debe a que este delito no ocurra en la capital o en el área metropolitana, si no que, acusan, aún con la creación de una agencia para la denuncia de violencia vicaria, los servidores públicos que laboran ahí desconocen el significado de ese ilícito, así como su seguimiento para integrar una carpeta de investigación y posteriormente judicializarla.
En el cuarto piso de la Agencia 50 “búnker” en la colonia Doctores, se colocó una oficina para recibir las denuncias, sin embargo, acusan madres víctimas de este delito, que en reuniones con Ruth Zenteno López, titular de la Fiscalía de Investigación del Delito de Violencia Familiar, se les comunicó que la agencia para iniciar carpetas de investigación por violencia vicaria no tiene presupuesto asignado, así como personal especializado.
En sus registros de incidencia delictiva, no existe algún rastro de carpeta de investigación por violencia vicaria, pero por violencia familiar, en el 2025 se abrieron 10 mil 534 denuncias, aunque, relatan víctimas, muchos de estos expedientes fueron clasificados de esta manera debido a la inoperancia y desconocimiento de servidores públicos para indagar la violencia vicaria.
Se considera violencia contra la mujer que ejerce el hombre por sí o por interpósita persona, utilizando como medio a las hijas o hijos producto de la relación, de pareja, expareja, concubino, exconcubino, cónyuge, excónyuge para herir, violentar y controlar a la madre generando un daño psicoemocional a ella y a sus hijas e hijos.
“MPs dicen que nuestras denuncias no vamos a llegar a nada”
Nancy Rosales, víctima de violencia vicaria e integrante de la colectiva Madres Libertarias, fue violentada por su expareja desde el embarazo. Narró a Crónica que en su proceso legal y en un primer momento, sus hijos quedaron bajo sus cuidados, sin embargo, su expareja la denunció por el delito de violencia familiar y con engaños, narra, le arrebató a sus hijos.
Ella inició una denuncia por sustracción, información añadida al expediente familiar y solicitó que le regresaran a sus hijos de inmediato, pero, acusa, nunca recibió una respuesta del juzgado porque estaban de vacaciones.
Posteriormente, señala Nancy, en medio del proceso, la jueza la amedrentó con apercibirla por 10 mil pesos, a cambio de firmar un acuerdo de custodia compartida. Al oponerse, la autoridad judicial determinó la guarda y custodia temporal al papá y a ella visitas y convivencias cada 15 días, aún cuando en ese momento los hijos explicaron que deseaban vivir con su madre. También le solicitó una pensión alimenticia por el 40 por ciento de un sueldo inexistente, ya que la mujer no trabajaba.
“Yo le contesté a la jueza que no era que yo no quisiera que se fueran con su papá, si no que la Ley dice que no se le puede dar la guarda y custodia a un progenitor que está imputado por un delito directo hacia los menores, a lo que la jueza me contestó: “Fiscalía no me va a decir qué hacer, y de mi cuenta corre que esos niños no te los entrego”. Después de esa escucha, apelé porque la jueza no me otorgó la guarda y custodia”.
Refirió que en noviembre de 2023, sus hijos le dijeron que su papá había bloquedo sus celulares a través de la aplicación family link, porque, relataron, su papá les dijo que ya no quería que hablaran con su madre. El día 10 de ese mes, su hijo “F” le contó a su madre que su papá había destrozado su celular en un arranque de ira, diciéndole que ya lo tenía harto ese celular, narró la mujer.
En consecuencia, Nancy denunció al padre de sus hijos por violencia familiar y cuando los llevó a entrevista con las autoridades, señala, el DIF le dijo a la mujer que no contaba con la guarda y custodia y que le notificarían al padre. “El DIF de la agencia 59 jamás consideró mis pruebas respecto a la situación de mis hijos, que ya habían sido sustraídos y que ya habían declarado en la Fiscalía de Niños Niñas y Adolescentes que querían estar conmigo”.
“Así que el DIF entregó a mis hijos a la hermana del papá, la señora Silvia “N”. Ingresé un amparo para solicitar que me regresaran a mis hijos, ya que estando en la estancia de transición del DIF en la agencia 59, en trabajo social les hicieron unas entrevistas a mis hijos y nuevamente dijeron que querían estar conmigo. Ya estando mis hijos en acogimiento con la señora Silvia, ella y el señor ingresaron varias promociones en el expediente familiar, diciendo que “alguien” de Fiscalía les había dicho que yo tampoco podía acercarme a mis hijos, así que la jueza canceló mis visitas y convivencias”.
Para abril del 2024, se llevó a cabo el juicio del padre por el delito de violencia familiar, en donde fue vinculado a proceso.
En enero de 2025, la Fiscalía de acusaciones del Reclusorio Oriente le informó a Nancy que ya se había realizado la audiencia intermedia de la carpeta de violencia familiar en donde el papá fue vinculado a proceso y, le explicaron, el señor quería desestimar sus datos de prueba y refería que quería presentar a sus hijos como sus pruebas y testigos, por lo que el juez de control no se lo permitIó, y en consecuencia el señor apeló.
“Difícil comprobar la violencia vicaria”
Una vez que el delito de violencia vicaria fue tipificado en la Ciudad de México en 2024, si bien se celebró cómo un logro de la sociedad civil y de las madres violentadas, acusan que al momento de llegar a la agencia del MP, es casi imposible denunciar este delito, dada la inoperancia y poca experiencia de los servidores públicos para identificar los signos de la violencia vicaria.
“Ministerios Públicos y hasta fiscales te dicen que es difícil comprobar que haya un delito que perseguir, entonces los Ministerios Públicos te obligan a que no denuncies la violencia vicaria porque te dicen que no va a llegar a nada, entonces te abren una investigación por violencia familiar. El encuadre para la integración de la carpeta la tienen conocida, entonces se les facilita el trabajo. Cuando se aceptó la violencia vicaria cómo un delito, lo integraron cómo una violencia dentro de la Ley General de las Mujeres para una Vida Libre de Violencia, no cómo un delito autónomo, por eso es un sesgo legal enorme porque no nos permite a las víctimas poner el dedo en el delito cómo es”.
Por lo tanto, estos vacíos legales impiden que se exponga la violencia económica, sexual, patrimonial y la sustracción de los hijos a las madres, sin que se tome en cuenta la colaboración de “monos voladores” — en psicología son personas que actúan en nombre de un narcisista o maltratador, a menudo defendiéndolo, difundiendo rumores o manipulando a otro —.
“No hay ninguna denuncia en la Fiscalía porque estos sesgos legales no permiten evidenciar materialmente que somos víctimas de violencia vicaria, porque el sistema legal y el proceso no lo permite. Cuando se declaró que sí era delito la violencia por interpósita persona, nos dieron una palmadita a las feministas a las feministas, después vinieron elecciones y nos prometieron que nos iban a dar una Fiscalía especializada en violencia vicaria y sí llegó pero sólo para que se tomaran la foto para redes sociales y nunca hubo Ministerios Públicos que nos dieran atención”.
“En el cuarto piso (del búnker) las oficinas están justo al lado de la agencia 75 de violencia familiar pero están vacías, tienen el letrero que dice ‘agencia de violencia vicaria’, pero no hay ni un Ministerio Público. Cuando le preguntamos a la fiscal Ruth (de violencia familiar) nos dijo que lamentablemente no hay presupuestado Ministerios Públicos que atiendan la agencia de violencia vicaria y sólo hay una MP que se encarga de levantar carpetas, pero vamos con ella y nos dice que no hay cómo encuadrar el delito por violencia vicaria y te aperturan la carpeta por violencia familiar”, puntualizó.
Para las víctimas, los cambios a los Códigos Civil y Penal quedaron en letra muerta, en las cuales, las consecuencias que implican ejercer violencia vicaria será causal de pérdida de la patria potestad, además de la reparación del daño y las pena de dos a seis años de prisión, así como pérdida de los derechos que tenga respecto de las víctimas, incluidos los de carácter sucesorio y patria potestad de hijas e hijos, no han tenido ningún efecto.