El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó los lineamientos que regularán la transparencia y fiscalización de los recursos utilizados durante los procesos de revocación de mandato para diputaciones, alcaldías y concejalías electas en el proceso electoral local 2023-2024.
La normativa establece que los comités promotores deberán presentar dos informes sobre el origen y destino de los recursos empleados: uno correspondiente a la etapa de recolección de firmas de apoyo ciudadano y otro relacionado con las actividades de promoción y difusión del proceso.
Asimismo, las personas servidoras públicas sujetas a un procedimiento de revocación de mandato deberán entregar un informe de ingresos y gastos vinculados con la etapa de promoción y difusión, en caso de participar en el mecanismo.
Los informes deberán incluir actividades realizadas, ingresos recibidos, gastos efectuados, documentación comprobatoria, estados de cuenta bancarios y otros elementos que permitan verificar el uso de los recursos.
Las disposiciones aprobadas son la prohibición del uso de recursos públicos, propaganda gubernamental y aportaciones provenientes de fuentes ilícitas o de actores impedidos por la legislación electoral. También quedan restringidas las contribuciones de partidos políticos, personas extranjeras, sindicatos, organismos internacionales, asociaciones religiosas y empresas mercantiles mexicanas, entre otros.
Además, los lineamientos prohíben la contratación de espacios en radio y televisión con el propósito de influir en la opinión pública respecto a los procesos de revocación de mandato.
El documento contempla mecanismos de control y fiscalización, como la obligación de realizar operaciones bancarias para montos superiores a los límites permitidos en efectivo y la conservación de la documentación comprobatoria durante un periodo mínimo de cinco años.
La revisión de los informes estará a cargo de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y Fiscalización del IECM, instancia que podrá solicitar información adicional y verificar los datos reportados. En caso de detectar irregularidades o posibles incumplimientos, el Consejo General podrá ordenar procedimientos sancionadores y notificar a las autoridades competentes.
La revocación de mandato es un mecanismo de participación ciudadana mediante el cual la población decide si una persona electa debe concluir anticipadamente o continuar en el cargo.
De acuerdo con los plazos legales, las personas titulares de alcaldías y concejalías cumplieron la mitad de su mandato el 1 de abril de 2026, mientras que las diputaciones alcanzaron ese punto el 1 de marzo del mismo año.