El Congreso de la ciudad de México aprobó —por unanimidad— prohibir la difusión de contenidos que hagan apología del delito en espectáculos públicos y escuelas, con el fin de cuidar y proteger a niñas, niños y adolescentes frente a mensajes que normalizan la violencia y la narcocultura.
De acuerdo con las y los legisladores, con dichas reformas no se censura, sino se fortalecen acciones preventivas, educativas y culturales que contribuyan a la construcción de una cultura de paz.
El dictamen, que plantea reformas a la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos, prohíbe contenidos que hagan apología del delito como los narcocorridos en espectáculos públicos. Así como modificaciones a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para fortalecer la obligación de las autoridades de proteger a menores de edad frente a contenidos vinculados con la narcocultura y la glorificación de la violencia.
“No podemos ignorar el contexto que vive México. Todos los días vemos noticias relacionadas con violencia, reclutamiento criminal y expansión de grupos delictivos. Frente a eso, las autoridades tienen la responsabilidad de actuar con congruencia y cuidar también la dimensión pedagógica de los mensajes que se normalizan en la vida pública”, señaló la diputada promovente de la iniciativa, Laura Álvarez, del PAN.
Explicó que la iniciativa no busca perseguir expresiones culturales ni limitar arbitrariamente la libertad de expresión, sino establecer límites razonables frente a contenidos que idolatren el delito, particularmente en espacios donde participan niñas, niños y adolescentes, especialmente por parte de las autoridades y servidores públicos.
“Es un asunto de congruencia mínima. El Estado no puede decir que combate la violencia y, al mismo tiempo, permitir o promover espacios donde se glorifique la cultura criminal asociada a quienes generan violencia en nuestro país”, afirmó.
Laura Álvarez reconoció el trabajo de las comisiones dictaminadoras y destacó que el dictamen aprobado incorpora un análisis orientado a garantizar un equilibrio entre la protección de derechos, el interés superior de la niñez y el respeto a las libertades constitucionales.