El Congreso de la Ciudad de México aprobó, con 40 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones de Movimiento Ciudadano, tipificar como delito el hostigamiento coercitivo, para castigar el acoso sistemático y las amenazas con hasta siete años de prisión, sin necesidad de que la víctima llegue a concretar un pago.
El dictamen que reforma el Código Penal para el Distrito Federal en materia de extorsión y delitos coercitivos; se trata de una iniciativa, promovida por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, como parte del Pacto Contra la Extorsión que su gobierno impulsa en coordinación con la Estrategia Nacional de Seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum.
La reforma introduce el delito de “hostigamiento coercitivo”, que sanciona a toda persona que, mediante violencia física o moral, pretenda obligar a otra a hacer, dejar de hacer o tolerar cualquier acción u omisión. La norma establece penas agravadas y protección reforzada para víctimas en condición de vulnerabilidad.
Dicha figura es clave, ya que actualmente, si no existe un daño material (como lo es la entrega de dinero) difícilmente se puede castigar al acosador. Ello, deja fuera conductas intimidatorias muy reales y muy cotidianas que no llegan a concretarse pero que siembran miedo en comerciantes, transportistas y vecinos.
Con el hostigamiento coercitivo, la autoridad podrá actuar desde el primer acto de amenaza, sin esperar a que sea demasiado tarde.
El dictamen aprobado también endurece el castigo al hostigamiento sexual, particularmente cuando se amenaza con difundir contenido íntimo para coaccionar a las víctimas, y combate la violencia en prácticas ilegales de cobranza, sin afectar los derechos legítimos de los acreedores.
Fue construido a partir de diez iniciativas de distintas fuerzas políticas, lo que lo convierte en un producto legislativo plural, en el que la propuesta de Morena y de la Jefa de Gobierno encontró eco en el conjunto del Congreso.