El Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma para garantizar que los nacimientos ocurridos al interior de centros de reinserción social sean registrados oportunamente al Registro Civil, garantizando así el derecho a la identidad de las y los menores que viven en estas condiciones.
“El reconocimiento legal es el primer paso para dejar atrás la invisibilidad”, comentó la diputada promovente de la iniciativa, Rebeca Peralta, vicecoordinadora del grupo parlamentario del Partido Verde.
Cuya propuesta surge ante la falta de disposiciones legales específicas para garantizar el registro oportuno de las niñas y los niños nacidos en centros de reinserción social.
La legisladora explicó que la ausencia de identidad de estas niñas y niños los colocaba en una situación de invisibilidad institucional, limitando su acceso a esquemas de vacunación, servicios de salud, programas sociales y otros mecanismos de protección previstos por el Estado ya que para muchos efectos administrativos no formaban parte de los registros oficiales.
“Durante mucho tiempo se habló de ellos como los niños invisibles, porque para gran parte de la sociedad simplemente no existían en la conversación pública ni en las políticas dirigidas a la infancia”, refirió.
Con la reforma aprobada a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, se incorporó el artículo 20 Bis que establece la obligación de las autoridades de informar al Juez del Registro Civil cuando ocurra un nacimiento al interior de un centro de reinserción social.
“El reconocimiento legal es el primer paso para dejar atrás la invisibilidad. Ninguna niña o niño debe quedar fuera de la protección del Estado por las circunstancias en las que nació”, aseguró.
Es un paso más, quedan muchos pendientes
Peralta reconoció que la aprobación representa un avance importante para la protección de estas infancias, aunque señaló que aún existe una agenda pendiente para fortalecer los mecanismos de atención institucional dirigidos a este sector.
La legisladora recordó que la iniciativa original contemplaba medidas adicionales para ampliar la protección de las niñas y los niños nacidos en reclusión, incluyendo mecanismos de coordinación institucional y acciones orientadas a facilitar su acceso a programas y apoyos gubernamentales.
“Este Congreso dio un paso importante para reconocer jurídicamente a estas niñas y niños. El reto ahora es que también sean visibles para las instituciones y para las políticas públicas”, añadió.