La Comisión Permanente de Quejas del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) acordó iniciar una investigación por una denuncia relacionada con presunta violencia política contra las mujeres en razón de género, además de aprobar medidas de protección en favor de una persona denunciante en un procedimiento distinto.
Durante su Vigésima Cuarta Sesión Urgente, la Comisión aprobó el inicio de un procedimiento especial sancionador derivado de una queja presentada por una ciudadana que señaló haber sido impedida de participar en una asamblea comunitaria realizada en el contexto del proceso para elegir a una autoridad representativa tradicional de un barrio originario.
La denuncia expone que un ciudadano le habría negado la posibilidad de intervenir en la asamblea al argumentar que únicamente los hombres podían hacerlo.
Tras una valoración preliminar realizada con perspectiva de género e intercultural, la Comisión consideró que los hechos denunciados podrían constituir violencia política contra las mujeres en razón de género, por lo que ordenó el inicio de la investigación correspondiente.
El órgano electoral también determinó acumular este expediente a otro procedimiento relacionado. Asimismo, resolvió que no procedían las medidas cautelares y de protección solicitadas en este caso, al considerar que los hechos denunciados ya habían ocurrido y que no existían elementos que justificaran la adopción de medidas urgentes.
En un asunto distinto, la Comisión aprobó la implementación de medidas de protección en favor de una persona denunciante dentro de un procedimiento en el que también se investigan presuntos actos de violencia política contra las mujeres en razón de género.
La decisión fue tomada después de que el Instituto aplicó el cuestionario de análisis de riesgo contemplado en su protocolo de atención de casos de violencia de género.
Con base en los resultados obtenidos y en las circunstancias particulares del expediente, la autoridad electoral concluyó que existían elementos suficientes para justificar la adopción de medidas de protección destinadas a salvaguardar la integridad de la persona promovente.