El grupo parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México presentó una iniciativa que busca evitar que haya “escuelas patito” y garantizar que la ciudadanía cuente con información clara sobre la validez oficial de los estudios que ofrecen las instituciones privadas.
La diputada promovente, Claudia Montes de Oca, explicó que su iniciativa responde a una realidad que afecta a miles de personas que confían en instituciones que carecen del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) y utilizan publicidad ambigua y redes sociales para promover programas “patito”.
Dicha situación puede traducirse en años de esfuerzo perdidos, importantes afectaciones económicas para las familias y la imposibilidad de obtener títulos, cédulas profesionales o continuar estudios en otras instituciones.
La panista destacó que la educación debe ir acompañada de certeza y transparencia, pues no puede permitirse que existan instituciones que lucren con los sueños y el esfuerzo de las familias.
“La educación representa una inversión de tiempo, dinero y expectativas de vida, por lo que el Estado tiene la obligación de garantizar condiciones de legalidad y de proteger el derecho de las personas a recibir información clara y veraz”, comentó.
¿Qué se propone?
La iniciativa plantea reformar el artículo 82 de la Ley de Educación local con el objetivo de fortalecer las obligaciones de información previstas en la ley para que la falta de validez oficial de los estudios se haga del conocimiento de manera expresa, clara, visible y legible, no sólo en documentos académicos y administrativos, sino también en contratos, publicidad y cualquier medio de difusión utilizado por las instituciones educativas.
Asimismo, reconoce que hoy una parte importante de la oferta educativa se promueve a través de internet y las redes sociales, por lo que establece que esta advertencia deberá aparecer obligatoriamente en páginas web, plataformas electrónicas y medios digitales, evitando que la ausencia de información clara induzca a error a los aspirantes.
También establece que, antes de realizar cualquier inscripción o pago, las instituciones deberán entregar por escrito a los padres de familia o estudiantes una notificación expresa sobre la falta de reconocimiento oficial de los estudios, acompañada de una constancia de recibido firmada por el usuario, con el propósito de asegurar que las decisiones se tomen con pleno conocimiento y evitar prácticas abusivas o engañosas.
Además, se prohíbe expresamente cualquier forma de publicidad o información ambigua que pueda generar una percepción falsa sobre la validez oficial de los estudios. Con ello se busca impedir esquemas de simulación, convenios engañosos o mecanismos que pretendan aparentar una validez académica inexistente, protegiendo así el patrimonio y las expectativas de miles de familias que depositan en la educación una inversión económica y un proyecto de vida.
Para finalizar, Montes de Oca recordó que el interés superior de niñas, niños y adolescentes, así como el derecho a la información, constituyen principios fundamentales que deben orientar la actuación de las autoridades educativas.
“Las consecuencias de estudiar en instituciones sin reconocimiento oficial pueden ser devastadoras, al impedir la obtención de títulos y cédulas profesionales y provocar pérdidas económicas y emocionales que terminan afectando el futuro de las y los estudiantes”, concluyó.