El Congreso de la Ciudad de México urgió a las 16 alcaldías, así como a las Secretarías de Administración y Finanzas y de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, a agilizar los procedimientos de indemnización por daños ocasionados por la caída de árboles derivada de fenómenos hidrometeorológicos.
Además, pidió fortalecer los mecanismos de difusión, orientación y atención ciudadana por este tipo de daños.
“En algunos casos las familias pueden esperar varios meses e incluso más de un año para recibir una respuesta definitiva, tiempo en el que deben asumir por cuenta propia la reparación de sus vehículos, viviendas o bienes afectados”, comentó la vicecoordinadora del Partido Verde en el Congreso capitalino, Rebeca Peralta.
La también promovente del punto de acuerdo, señaló que cada temporada de lluvias deja una estela de daños en viviendas, automóviles y negocios, afectaciones que golpean directamente la economía de las familias.
Y destacó que las recientes tormentas en la Ciudad de México han provocado la caída de cientos de árboles; tan sólo durante las precipitaciones más fuertes registradas en la segunda semana de junio, las autoridades capitalinas reportaron cerca de 180 árboles colapsados en diversas alcaldías, con concentraciones masivas en zonas como Miguel Hidalgo, Iztapalapa, y Benito Juárez.
Seguro por daños
La diputada recordó que la Ciudad de México cuenta con un mecanismo de aseguramiento patrimonial mediante el cual se cubren daños ocasionados por inundaciones y caída de árboles en bienes particulares, siempre que se acrediten los requisitos correspondientes.
Sin embargo, lamentó, que en la práctica muchas personas desconocen la existencia de este instrumento y quienes logran iniciar el procedimiento se enfrentan a trámites complejos, largos periodos de espera y una serie de requisitos que terminan desalentando la presentación de las reclamaciones.
Peralta advirtió que uno de los principales obstáculos es la tardanza en la elaboración de los peritajes y dictámenes técnicos, particularmente aquellos que deben realizar diversas autoridades para acreditar el daño y determinar la procedencia de la indemnización.
La diputada detalló que, en muchos casos, un automóvil dañado puede representar la herramienta de trabajo de una familia y una vivienda afectada puede comprometer la estabilidad económica de todo un hogar, por lo que las autoridades deben actuar con mayor rapidez y sensibilidad.
Por ello, hizo un llamado a las dependencias involucradas para simplificar los procedimientos, fortalecer la difusión de los mecanismos de aseguramiento patrimonial y garantizar que las indemnizaciones lleguen de manera oportuna a quienes resultan afectados por la caída de árboles durante la temporada de lluvias.
“El gobierno debe ser un respaldo para las familias en momentos de emergencia, y las instituciones no pueden ser un obstáculo adicional para quienes ya sufrieron una pérdida patrimonial”, añadió.