Seis mujeres privadas de la libertad en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla murieron en un periodo de 90 días, entre el 12 de marzo y el 12 de junio de este 2026.
Lamentablemente las autoridades penitenciarias no han actuado para detener dichos hechos o castigar a las personas responsables de los fallecimientos de Rosa, Vanessa, Viridiana, María Elena, Mónica Valeria y Diana Laura.
Por lo anterior, la diputada local del PAN, Olivia Garza, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para que se esclarezca la posible responsabilidad de autoridades penitenciarias tras la muerte de las mujeres.
“Seis mujeres muertas en tres meses dentro de un penal no es normal y alguien tiene que responder por lo que está pasando”, dijo la legisladora a este diario.
Además precisó que la denuncia también busca que la Fiscalía investigue supuestos actos de corrupción, extorsión y abuso de autoridad cometidos presuntamente por Jessica López Avilés, conocida como “La Comandante Avilés”, quien se desempeña como Comandante de Seguridad en ese penal.
De acuerdo con la legisladora, la comandante tiene supuestos señalamientos por tolerar y facilitar agresiones contra mujeres privadas de la libertad, así como una red de cobros ilegales dentro del centro penitenciario.
La legisladora explicó que, conforme a los hechos presentados ante la Fiscalía, existen señalamientos sobre presuntos cobros de entre mil y tres mil pesos semanales exigidos a internas para evitar traslados a zonas consideradas de mayor riesgo, además de pagos relacionados con la venta de productos al interior del penal e incluso cuotas de entre 80 y 100 pesos para permitir visitas de familiares y amistades.
“Estamos hablando de señalamientos gravísimos: mujeres que estaban bajo custodia del Estado y que no sólo habrían enfrentado condiciones de violencia, sino también posibles esquemas de extorsión y control dentro del propio penal.
“La Fiscalía debe investigar hasta las últimas consecuencias, determinar responsabilidades y dejar claro si hubo autoridades que permitieron o participaron en estos hechos”, afirmó.
Una de ellas, recuperaría su libertad en días
La diputada dio a conocer que, de los 6 feminicidios, el caso de Diana Laura llama la atención debido a que se encontraba a días de recuperar su libertad, sin embargo fue hallada sin vida en la zona conocida como el Módulo; además, las autoridades penitenciarias reportaron su fallecimiento como un suicidio,
Ante ello, la legisladora señaló que dicha situación debe investigarse a fondo para descartar omisiones, negligencias o responsabilidades institucionales.
“La puerta de una celda no cancela los derechos humanos. Cuando una persona está privada de la libertad, el Estado tiene la obligación absoluta de proteger su seguridad, su integridad y su vida”, sostuvo.
La diputada lamentó que, pese a la gravedad de los hechos, el centro penitenciario continúe operando como si se tratara de acontecimientos aislados y sin que hasta el momento exista una explicación clara sobre lo ocurrido.
Además, destacó que las autoridades no pueden guardar silencio frente a una cadena de muertes dentro de un espacio que se encuentra completamente bajo control del Gobierno, por lo que pidió una investigación seria que determine si existieron fallas en protocolos, supervisión, atención médica o vigilancia.
“Santa Martha Acatitla no puede convertirse en un lugar donde las mujeres entran bajo custodia del Estado y salen sin vida. La autoridad debe explicar qué pasó, quién falló y qué se hará para que no vuelva a ocurrir”, concluyó.