El gobierno de Ecatepec solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspender o modificar el proyecto de resolución del amparo en revisión 13/2026, al considerar que cumplir con los efectos planteados representaría una inversión superior a los seis mil millones de pesos, monto que, aseguró, rebasa por mucho la capacidad financiera del municipio.
La petición fue realizada mediante un escrito dirigido al ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, en el que la alcaldesa Azucena Cisneros Coss expuso que varias de las medidas contempladas en el proyecto ya se encuentran en marcha, mientras que otras requieren recursos e infraestructura que hacen inviable su cumplimiento inmediato.
La presidenta municipal señaló que desde el inicio de la actual administración se emprendieron diversas acciones para fortalecer el abastecimiento de agua potable en Ecatepec, principalmente en la Quinta Zona, donde viven los 688 habitantes que promovieron el juicio de amparo.
Entre los trabajos destacó la rehabilitación de pozos, la reparación de redes principales de distribución, la construcción del Tanque Maestro de Ciudad Cuauhtémoc, la atención de fugas y las acciones para combatir la extracción y comercialización ilegal del agua. Además, informó que durante este año comenzarán nuevas obras en la Quinta Zona para atender el problema histórico de escasez.
De acuerdo con el documento enviado a la Corte, actualmente los habitantes de esa región reciben agua tanto por la red hidráulica como mediante pipas, por lo que el municipio sostiene que ya ha dado cumplimiento a parte de las obligaciones contempladas en el proyecto de resolución.
El gobierno municipal explicó que una de las principales exigencias del proyecto es la instalación de medidores de agua, lo que únicamente en la Quinta Zona implicaría una inversión cercana a los dos mil millones de pesos para sustituir completamente estos equipos.
A ello se sumarían otros cuatro mil millones de pesos destinados al fortalecimiento de la infraestructura hidráulica para cumplir con los estándares establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-2021, relacionada con la calidad del agua para consumo humano.
La administración municipal argumentó que estas obras no dependen únicamente del Ayuntamiento, ya que también requieren la participación de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), debido a que ambas autoridades intervienen en la operación del Sistema Cutzamala.
Por ello, sostuvo que cumplir de manera inmediata con dichas obligaciones resulta “técnica, económica y materialmente inviable”, ya que la inversión requerida supera incluso cuatro veces el presupuesto anual destinado a obra pública del municipio.
En el escrito dirigido al máximo tribunal del país, Azucena Cisneros pidió que se valore la complejidad del caso antes de emitir una resolución definitiva y planteó tres alternativas.
La primera consiste en suspender o modificar el proyecto de resolución. En caso de que esto no ocurra, solicitó eliminar del documento la obligación de cumplir con la NOM-127-SSA1-2021 en los términos planteados. Como tercera opción, pidió que, si el proyecto es aprobado sin cambios, se otorgue un plazo de 12 meses para cumplir con las obligaciones establecidas.
La alcaldesa aseguró que varias de las acciones señaladas por el proyecto ya fueron atendidas por el municipio, entre ellas el suministro diario de 100 litros de agua a los promoventes del amparo, servicio que actualmente se brinda mediante pipas y que, afirmó, también beneficia a personas que no forman parte del juicio.
Asimismo, señaló que el fortalecimiento del suministro por la red ha permitido mejorar el acceso al agua en distintos puntos del municipio, particularmente en la Quinta Zona.
Reconoció que tanto la instalación de medidores como la modernización integral de la infraestructura hidráulica son acciones que pueden desarrollarse de manera gradual y a mediano plazo.
En el documento, la presidenta municipal atribuyó parte de la problemática a la falta de mantenimiento que, aseguró, registró la infraestructura hidráulica durante administraciones anteriores.
Explicó que existen redes de distribución con más de tres décadas de antigüedad, además de pozos e instalaciones que no recibieron conservación adecuada durante años.
También señaló que el rezago responde a factores como la insuficiencia histórica de infraestructura, la dependencia del reparto de agua mediante pipas, las fugas constantes, el deterioro de la red y la extracción ilegal del recurso.
Con estos argumentos, el Ayuntamiento pidió a la Suprema Corte considerar las condiciones técnicas y presupuestales del municipio antes de resolver el amparo, al sostener que algunas de las medidas propuestas, en los plazos planteados, no pueden ejecutarse de forma inmediata.