Mónica García Villegas, alias “Miss Moni”, exdirectora y dueña del colegio Enrique Rébsamen, fue sometida a una audiencia donde se le ordenó el pago de la reparación del daño, sin embargo, la mujer no cuenta con los recursos monetarios o bienes para cubrir el pago de la sanción por los 26 homicidios.
El juez precisó las cantidades que a cada una de las víctimas corresponde, que en total asciende a más de 11 millones de pesos.
Por lo tanto, al no poseer el dinero exigido, la culpable no liquidará la reparación del daño.
“Miss Moni” está sentenciada a 29 años, cinco meses y 22 días, por el delito de homicidio de 19 niños y siete adultos, dado que la mujer es dueña del edificio que no contaba con las medidas de seguridad estructurales para soportar un terremoto de esa magnitud.
En audiencia en los juzgados de Sullivan, a “Miss Moni” se le dictaron los montos de la reparación del daño, así como por otros gastos como atención psicológica a las víctimas indirectas, a lo que la exdirectora dijo que no se niega a pagar y que como garantía entrega el terreno donde se ubicaba la escuela que se derrumbó.
Sin embargo, dicho predio no se puede vender, dado que se encuentra asegurado por las autoridades. Cuando se le cuestionó si cuenta con otro medio de pago, “Miss Moni” declaró que no dispone de otro capital para cubrir la reparación del daño.
Esta fue la última audiencia por el proceso en contra de la exdirectora del plantel, por lo que no existen más recursos jurídicos por promover en el caso.
Aún cuando “Miss Moni” no cuenta con los recursos para pagar la sanción, para los padres de los menores fallecidos se hizo justicia en el litigio, ya que todos los responsables están en prisión.
“A mí no me interesa el monto de la reparación, si a mí me sirviera para revivir a José Eduardo, ya lo hubiera hecho para que lo revivan, no fue así, no me interesa, lo que yo exijo es por lo que estamos aquí. No van a salir de la cárcel”, declaró Miriam Guise.
“Nosotros lo hicimos como justicia, el dinero sean mil o 100 mil pesos, eso no nos va a regresar a nuestros hijos, pero debe de haber un precedente de los ingenieros, arquitectos, los que dan los permisos, que no están jugando con la vida”.
“El objetivo principal de nosotros era hacer justicia, evidenciar toda la corrupción, las irregularidades y eso lo logramos. El dinero no nos va a regresar a nuestros hijos”, mencionó Mireya Rodríguez, madre de Paola Jurado, fallecida en el terremoto de 2017.
Las familias de las víctimas fallecidas cuentan con otros tres procesos penales en contra de:
- Juan Mario Velarde Gámez: Director Responsable de Obra (DRO). Arrestado en 2018 y sentenciado a 208 años de prisión por el homicidio de las 26 víctimas
- Francisco Arturo Pérez Rodríguez: Director Responsable de Obra (DRO). Fue detenido en el estado de Oaxaca en diciembre de 2022 y quedó a disposición de un juez en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México para enfrentar cargos de homicidio culposo
- Juan Apolinar Torales Iniesta: Otro de los Directores Responsables de Obra. Fue detenido en 2019 y sujeto a proceso penal por su responsabilidad en el otorgamiento de dictámenes estructurales irregulares