La vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde en el Congreso de la Ciudad de México, Rebeca Peralta, presentó una iniciativa para crear un Procedimiento de Indemnización Exprés que obligue al Gobierno capitalino a resolver, en un plazo máximo de 27 días hábiles, las reclamaciones de personas cuyos vehículos o bienes resulten dañados por baches, árboles caídos u otras posesiones públicas.
La legisladora explicó que, aunque la Ley de Responsabilidad Patrimonial ya reconoce el derecho de los ciudadanos a ser indemnizados cuando un bien público les ocasiona un daño, en la práctica los procedimientos suelen prolongarse durante meses o años por la falta de coordinación entre dependencias, la ausencia de plazos obligatorios y los constantes retrasos en la emisión de peritajes.
“No es justo que una persona tarde unos segundos en caer en un bache o sufrir el daño por la caída de un árbol, pero tenga que esperar meses para que el Gobierno le responda. Esa burocracia es la que queremos eliminar”, sostuvo.
¿Cómo se plantea el procedimiento?
La iniciativa establece un procedimiento con tiempos definidos: 48 horas para realizar la inspección, 10 días hábiles para emitir el dictamen técnico, 10 días hábiles para resolver la reclamación y cinco días hábiles para realizar el pago de la indemnización una vez reconocida su procedencia.
Como parte de la propuesta, se incorpora el principio de Recepción Universal, mediante el cual cualquier dependencia estará obligada a recibir la reclamación y remitirla a la autoridad competente, evitando que las personas recorran distintas oficinas mientras las autoridades resuelven conflictos de competencia.
“Hoy el ciudadano tiene que recorrer oficinas porque las autoridades no se ponen de acuerdo sobre quién debe atender su reclamación. Con esta iniciativa, esa carga deja de recaer en la gente y pasa a ser responsabilidad del propio Gobierno”, precisó.
Además, detalló Peralta, la iniciativa pone fin al uso del peritaje como excusa para congelar las reclamaciones, pues si la autoridad no emite el dictamen dentro del plazo establecido, el daño se presumirá acreditado en favor del ciudadano.
¿Qué pasa si se incumplen los plazos?
La iniciativa también contempla que, cuando la autoridad incumpla injustificadamente los plazos establecidos, la indemnización genere intereses, con el propósito de incentivar resoluciones oportunas y evitar que retrasar los expedientes siga siendo una práctica sin consecuencias.
“Si el Gobierno tiene la obligación de indemnizar a una persona, también debe tener la obligación de hacerlo a tiempo. Por eso proponemos que la generación de intereses por retraso injustificado, así el incumplimiento deja de salir gratis”, abundó.
Finalmente, Peralta afirmó que la propuesta busca transformar un procedimiento que hoy resulta lento y burocrático en un mecanismo ágil que garantice a las personas una reparación pronta cuando sufran daños ocasionados por bienes cuya conservación y mantenimiento corresponde al propio Gobierno de la Ciudad de México.