Durante la Primera Sesión Ordinaria del Fondo de Reparación del Daño del Instituto de la Defensoría Pública (IDP), el Gobierno del Estado de México aprobó ocho solicitudes para cubrir los montos económicos como reparación del daño, para garantizar a las víctimas su derecho.
Gracias a esta determinación, 10 Personas Privadas de la Libertad ahora tienen acceso a beneficios jurídicos como libertad anticipada, libertad condicionada y amnistías. Los recursos autorizados ascienden a 756 mil 85 pesos.
“El Fondo de Reparación del Daño representa una herramienta fundamental para garantizar el acceso efectivo a la justicia de personas privadas de la libertad que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad económica y que, aun cumpliendo con los requisitos legales para acceder a beneficios jurídicos, enfrentan una barrera económica”, puntualizó José Carlos Neira Cruz, Encargado del Despacho del IDP.
Por su parte, José Carlos Neira explicó que la indicación de la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez es ejercer una justicia con sentido social, principalmente para los sectores vulnerables, con el propósito de reducir desigualdades, proteger los derechos humanos y garantizar el acceso a la justicia.
“La Gobernadora nos ha instruido procurar a los grupos vulnerables, a las personas que lo necesiten, a tener una defensoría de puertas abiertas y mediante sus instrucciones nosotros implementamos esta política pública del Fondo de Reparación del Daño mediante un Comité que hace un estudio minucioso, responsable y siempre con apego a Derecho para que tengan acceso a la reinserción social”, señaló.
El monto máximo al que puede acceder una persona a través del Fondo de Reparación del Daño es de 300 mil pesos. Antes de aprobar alguna solicitud, el Comité Técnico revisa cada caso de manera responsable, técnica y transparente, con el propósito de garantizar el derecho de las víctimas bajo una visión determinada por la autoridad jurisdiccional.
Con estas acciones el Gobierno del Estado de México fortalece el acceso a la justicia empleando mecanismos objetivos, justos y transparentes que garantizan el derecho de las víctimas a la reparación del daño.