La alcaldía Cuauhtémoc es el principal foco rojo de edificios con riesgo estructural en la Ciudad de México. El Instituto para la Seguridad de las Construcciones indica que en la capital hay 1,313 inmuebles con alto riesgo de colapso y 430 están en Cuauhtémoc, la cifra más alta entre todas las alcaldías. A la vez, con base en datos del Atlas de Riesgo local, la demarcación concentra 167 mil 308 viviendas en zonas de peligro, también la mayor cantidad de la ciudad.
La propia alcaldía reconoce que el territorio tiene condiciones que agravan esa vulnerabilidad. En su Programa de Gobierno 2024-2027 admite que Cuauhtémoc presenta alta vulnerabilidad sísmica por su ubicación geológica, la antigüedad de muchas de sus edificaciones y su densidad poblacional; además, señala que una gran parte de la infraestructura, sobre todo en el Centro Histórico, fue construida antes de las normas sismo-resistentes actuales, lo que incrementa el riesgo de daños graves en caso de un terremoto. El documento también señala que la demarcación cuenta con 227 mil 906 viviendas particulares y que 3.64% de ellas presentaba rezago habitacional.
El problema, sin embargo, no es únicamente la existencia del riesgo, pues también repercute la manera en que la alcaldía lo enfrenta. De acuerdo con su propio manual administrativo, la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil debe coadyuvar en la elaboración del atlas de riesgos, emitir opiniones y dictámenes técnicos sobre inmuebles o actividades con riesgo, enviar dictámenes de zonas de alto riesgo a la Secretaría correspondiente, impedir asentamientos humanos en esas zonas, mantener actualizado el padrón de brigadistas comunitarios y vigilar el cumplimiento de la ley en la materia. No se trata, por tanto, de una función decorativa, la alcaldía sí tiene atribuciones concretas para prevenir, documentar, coordinar y dar seguimiento.
Pero el diseño de atención pública que la propia Cuauhtémoc ofrece sigue siendo, en buena medida, reactivo. En su portal oficial, el servicio de evaluación de inmuebles se solicita en el CESAC o por 311 Locatel y consiste en una revisión ocular de viviendas que “se encuentran bajo riesgo” y que son reportadas por los solicitantes. Eso significa que la ruta institucional visible al público depende de que el vecino pida ayuda, reporte o insista, en vez de partir de una vigilancia territorial constante y de un programa abierto de inspección preventiva. En una demarcación con cientos de inmuebles comprometidos, ese modelo luce insuficiente.
El 24 de mayo de 2026, la alcaldía informó que colocó sellos de suspensión tras el derrumbe de una barda en Allende 74, colonia Centro, de aproximadamente 25 metros de largo, seis metros de altura y 40 centímetros de espesor. La emergencia obligó también a una visita de verificación en materia de Protección Civil para revisar las condiciones de los trabajos dentro del inmueble. Antes, en marzo de 2026, familias enteras seguían habitando viejos inmuebles en Cuauhtémoc con fachadas desgastadas, muros cuarteados, humedad, techos vencidos y escaleras fracturadas, inmuebles que, en varios casos, ya estaban catalogados como de alto riesgo.
A ello se suma el derrumbe registrado en San Antonio Abad 124, otro episodio que exhibió la fragilidad del parque habitacional y la lentitud con la que se resuelven estos casos. Dicho inmueble fue construido entre 1975 y 1976, y colapsó el 9 de marzo de 2026 cuando ya estaba prevista su demolición. La alcaldía Cuauhtémoc había prevenido a los que faltaban documentos, pero el proceso administrativo, aun cuando fue necesario, terminó extendiéndose durante el mismo tiempo en que un inmueble ya es peligroso y aún así sigue en pie y en riesgo de falla.
La alcaldía también ha reconocido públicamente otros inmuebles con condiciones peligrosas. En noviembre de 2024, la Dirección de Protección Civil calificó como de “riesgo alto” el inmueble de Dr. Atl 59, en Santa María la Ribera, después de un desprendimiento en su fachada, y recomendó elaborar un dictamen de seguridad estructural avalado por un DRO o un CSE. El deterioro no aparece de un día para otro, pues suele ser visible, progresivo y perfectamente detectable con vigilancia oportuna. El problema es que, en demasiados casos, la autoridad solo valida el riesgo cuando ya hubo desprendimientos, colapsos parciales o denuncias vecinales.
Incluso después del sismo registrado el pasado 2 de enero de 2026, la reacción volvió a ser fundamentalmente correctiva. La alcaldía informó que realizó 85 revisiones a inmuebles tras ese movimiento telúrico, es decir, la lógica de emergencia incluye primero al temblor para que luego se revisen las estructuras de un territorio con tanta concentración de inmuebles envejecidos y zonas de riesgo.
En el Centro Histórico y colonias como Guerrero, Doctores, Santa María la Ribera, Morelos o Roma, el deterioro inmobiliario ya se volvió parte del paisaje. La alcaldía admite, en su diagnóstico, que su territorio está marcado por una alta exposición sísmica y por inmuebles construidos antes de las reglas modernas. A eso se suman viviendas en rezago habitacional, inmuebles abandonados y la permanente tensión entre conservación, propiedad privada, trámites y seguridad. La suma de todos esos factores obliga a una política mucho más agresiva de prevención y seguimiento, porque la simple atención de emergencias no evita que las mismas grietas se repitan en otra esquina.
Una vecina de la Guerrero, podría resumir la frustración como “aquí vivimos con la sensación de que el edificio se sostiene por costumbre, no por seguridad. Cuando hay una grieta, una filtración o cae un pedazo de aplanado, llamamos, reportamos y esperamos. Pero la verdad es que el tiempo pasa y casi siempre la respuesta llega tarde. Y la verdad es que no pedimos milagros; pedimos que alguien revise antes de que haya una tragedia y que nos digan con claridad si todavía es seguro dormir aquí”.
“Lo más grave es que ya nos acostumbramos al riesgo. Vemos bardas inclinadas, techos viejos, predios vacíos, humedad y basura, y todo parece normal porque nadie pone orden de fondo. La alcaldía sí aparece cuando hay un derrumbe o cuando la gente se queja con fuerza, pero debería haber un plan visible, barrio por barrio, para saber qué inmuebles están en peligro, qué se está haciendo y qué plazo real tiene cada caso”, dice otro vecino.
La alcaldía tiene atribuciones amplias, que consisten en dictaminar, coordinar, prevenir, capacitar, mantener padrones, impulsar atlas de riesgo y ejecutar acciones de protección civil. El problema es que los episodios recientes muestran una distancia persistente entre la magnitud del riesgo y la respuesta institucional. Cuauhtémoc concentra 430 inmuebles de alto riesgo y 167 mil 308 viviendas en zonas de peligro, pero también concentra la responsabilidad de pasar del diagnóstico a una política de prevención verificable
La Crónica de Hoy 2026