Metrópoli

Se reunieron los elementos para señalar a la empresa que se encargó del derribo del inmueble y llevar el caso ante la autoridad judicial y continuar el proceso penal

Va FGJ por judicializar caso de derrumbe en San Antonio Abad

Desplome en San Antonio Abad

La Fiscalía capitalina informó que cuenta con elementos suficientes para judicializar el caso del derrumbe en la avenida San Antonio Abad 124, en contra de la empresa responsable de la demolición, construcción que colapsó el pasado nueve de marzo.

La titular, Bertha Alcalde Luján, precisó que luego de una técnica investigación a través de personal pericial, se reunieron los elementos para señalar a la empresa que se encargó del derribo del inmueble y de esta manera llevar el caso ante la autoridad judicial y continuar el proceso penal.

“Tenemos los elementos suficientes para avanzar a una imputación. La investigación está muy avanzada terminada en su primera fase, lo que respecta a lo que necesitamos para imputar, en este caso ya hay resultados muy concretos”, mencionó la titular de la Fiscalía de la Ciudad de México.

La carpeta de investigación por este derrumbe se mantiene abierta por los delitos de lesiones culposas, así como por homicidio culposo, hecho que permite la celebración de acuerdos reparatorios conforme a lo que las víctimas e imputados decidan mediante la unidad de mediación; en caso de no ser así, advirtió Alcalde Luján, continuarán con la judicialización del caso.

También, la fiscal aclaró que al momento no se señala como presuntas responsables del desplome a la alcaldía Cuauhtémoc ni a la Secretaría de Vivienda.

En una conferencia celebrada el pasado 23 de marzo, Bertha Alcalde explicó que una de las líneas de investigación se enfocó en posibles fallas técnicas en el proceso de demolición, el cual fue ejecutado bajo un método de derribo progresivo.

Agregó que las indagatorias también tienen que ver con presuntos incumplimientos en las medidas de seguridad y Protección Civil, además de omisión de normativas y en obtención de permisos y autorizaciones, así como eventual descuido en la supervisión o autorización.

“La principal línea de investigación tiene que ver con la posible responsabilidad penal de la empresa en torno a los incumplimientos, pero otra línea de investigación está relacionada con posibles omisiones en la supervisión o en el otorgamiento de autorizaciones, sin que hasta el momento haya algún funcionario señalado en particular”, informó en ese momento.

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