Víctimas de despojo en la alcaldía Benito Juárez acusaron a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de negarse a detener a invasores cuando son sorprendidos al ingresar a predios que no son de su propiedad, aún cuando, recriminaron, las denuncias se sustentan de video grabaciones y testimonios de los afectados.
Previo a una reunión que sostuvieron con la fiscal capitalina, Bertha Alcalde, y el secretario de Gobierno, César Cravioto, dieron a conocer que cuando Virginia Vázquez — mujer que presuntamente invadió el número 18 de la calle Matías Romero en la colonia Del Valle — las autoridades fueron llamadas a detenerla y a observar in fraganti la conducta delictiva, sin embargo, señalaron, por tratarse de una mujer se negaron a arrestarla y únicamente fue citada a comparecer ante el Ministerio Público.
Además, agregaron que en múltiples casos de despojo las autoridades utilizan el mismo modus operandi, de negarse a capturar a los invasores.
“Que se revisen los casos en los que existan indicios de que los protocolos de actuación policial no fueron aplicados correctamente durante la atención de invasiones de inmuebles y, en su caso, se determinen las responsabilidades administrativas”.
“No entendemos por qué no detuvieron a la invasora en ese momento, ella está plenamente identificada, tiene una licenciatura en derecho inmobiliario. Hay testimonios de vecinos que la han visto por la colonia, están bien articulados”, explicó Alicia Camps, COPACO de la alcaldía Benito Juárez.
El grupo de manifestantes coincidió con la fiscal, quien un día antes informó que existen objetivos prioritarios en este crimen, en el que están involucrados notarios y funcionarios públicos.
Adultos mayores y mujeres solteras víctimas de este delito, de las alcaldías Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Xochimilco e Iztapalapa, aprovecharon el encuentro para pronunciarse al exterior de la Fiscalía capitalina por casos estancados, en los que criminales ocupan desde hace varios años viviendas que no les pertenecen.
“Tiene que haber colusión para que de manera tan ágil puedan presentar papeles apócrifos, entonces le toca al despojado el peso de la prueba, entonces no hay acompañamiento de las autoridades y lo minimizan, el jefe de Gabinete de la alcaldía dijo que era una riña entre particulares, esto es una invasión agravada porque la señora iba con más personas”.
“Por supuesto que hay flagrancia, están los videos, los vecinos detuvimos a la señora en el lugar tuvimos que presionar para que se la llevaran porque los policías no querían porque era mujer, les hicimos el trabajo, cómo se llama y dónde trabaja y si no se llega a una conclusión satisfactoria vamos a volver a salir a la calle y en esta ocasión a Insurgentes y Eje Cinco”, añadió Camps.
La mujer que presuntamente invadió el inmueble en Matías Romero, identificada como Virginia Vázquez — mediadora certificada por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México — no ha sido detenida, ya que, según Alcalde, se debe de robustecer la investigación penal para judicializar el caso y obtener una orden de aprehensión, argumentos que no convencen a los vecinos.
Este caso de despojo en Matías Romero 18, el cual originó un plantón durante varios días y la celebración de la reunión con autoridades, la víctima, Dane, relató que cuando se solicitó auxilio a la SSC, los policías respondieron que no podían intervenir, ya que se trataba de mujeres, por lo que tenía que acudir a la Fiscalía capitalina a realizar una denuncia. Este modus operandi, acusaron, se convirtió en un patrón que permite a estos delincuentes crecer y que las carpetas de investigación en su contra no avancen, dado que las ordenes de aprehensión no son solicitadas con celeridad.
Dane cuenta con los documentos para acreditar de manera legal la propiedad del inmueble, pero sa casa se mantendrá asegurada por la FGJ en un plazo de tres a seis meses, lo que consideraron, es una desventaja y abandono hacia las víctimas.
Por lo tanto, exigieron que la Fiscalía explique las razones jurídicas por las cuales no se procedió a su detención en ese momento y, en su caso, informe qué acciones realizarán para corregir las aparentes omisiones y evitar que situaciones similares se repitan.
Del mismo modo solicitaron que la Fiscalía informe qué acciones ha implementado para combatir el delito de despojo desde el inicio de la presente administración y cuáles han sido sus resultados, ya que, subrayaron, el Gabinete de Despojos creado por el Gobierno capitalino no ha dado resultados.
Adicionalmente, pidieron información de las investigaciones que existen respecto de grupos dedicados de manera sistemática al despojo de inmuebles y qué acciones se ejecutan para desarticular dichas redes.
Llaman a endurecer las penas por despojo
En consecuencia de que en la Ciudad de México existen más de 30 mil denuncias por el delito de despojo, y varias de estas sin que los inmuebles sean devueltos, le exigieron a la Fiscalía que presente un informe sobre el estado que guardan las carpetas de investigación, en las que se indiquen las diligencias realizadas, las pendientes y los plazos estimados para su conclusión.
Para la pronta restitución de inmuebles, pidieron que se establezca una estrategia interinstitucional para agilizar la devolución de propiedades, cuando existan elementos legales suficientes para ello.
Según las víctimas, estos criminales arriban con camiones y cerrajeros, desalojan las viviendas y rápidamente cambian cerraduras y realizan remodelaciones para adueñarse de las propiedades.
En la reunión estuvo presente Arturo Santana, hijo de Ma Carlota “N”, adulta mayor que asesinó a balazos a los despojadores del domicilio de su hija en el municipio de Chalco, en abril del 2025. Los manifestantes capitalinos recordaron que tras ese caso y su difusión, en el Estado de México la Fiscalía ha asegurado dos mil 276 inmuebles y acelerado el proceso para devolver mil 396 hogares a quienes acreditaron su legítima propiedad.
Santana explicó que la nula respuesta de las autoridades ha permitido que las organizaciones delictivas de despojadoras se aeropuerto con mayor facilidad de inmuebles de alto valor.
Por lo tanto, demandaron que en la Ciudad de México las autoridades aceleren las investigaciones para el aseguramiento de predios invadidos y que a la brevedad se presente un paquete de reformas para que el despojo se califique como un delito grave y se castigue con altas penas de prisión.
Piden orden de aprehensión contra Virginia
Luego de tres horas en las instalaciones de la Policía de Investigación (PDI), los vecinos afectados manifestaron que su principal exigencia fue la detención de Virginia, la presunta invasora, y que de inmediato se judicialicen los más de 100 casos que fueron expuestos en la junta con las autoridades.
Comentaron que Bertha Alcalde admitió que existe una red de criminales de despojadores, lo que está sometido a una investigación profunda.
Respecto a los avances ejecutados por el Gabinete en combate a los despojos, los funcionarios mencionaron que cuentan con más de 300 casos resueltos, lo cual, para los vecinos son pocos resultados.
“Hubo un compromiso muy formal de las instituciones, de la Fiscalía y de la Secretaría de Gobierno de asegurar el combate y la prevención de la lucha contra el despojo”.
“Se reconoció que hay que reestructurar el Gabinete de Seguridad en combate al despojo, una de esas cosas es la presencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero además explorar la presentación de iniciativas de reforma que ayuden a la Fiscalía y a las autoridades gubernamentales para combatir de manera más eficiente el delito de despojo”.
“Se solicitó que no se detenga la acción penal en contra de cualquier funcionario que esté coludido, que se proceda, hay colusión de funcionarios del Registro Público de la Propiedad, de la propia Fiscalía y de cualquier institución tiene que ser detenido”, dijo Santana Alfaro.
En su oportunidad, César Cravioto se comprometió a que se incrementará la vigilancia en los “puntos rojos” donde se tienen indicios de mayor operación de estas redes criminales de invasores de inmuebles.
Los vecinos dieron un mes de plazo para que las autoridades comiencen el trabajo y expongan avances, de lo contrario, anunciaron, harán otro bloqueo vial.