La Ciudad de México fue sede del panel “Gestionar la Migración con Dignidad: Construyendo Coaliciones entre Ciudades”, en el que representantes de Bogotá, Montevideo, Santiago de Chile, San Luis (Missouri) y la capital mexicana plantearon la necesidad de construir una agenda común para atender el fenómeno migratorio desde un enfoque de derechos humanos, integración y cooperación entre gobiernos locales.
En la inauguración del encuentro, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada informó que el número de personas extranjeras que residen en la capital del país aumentó cerca de 50 por ciento durante la última década, principalmente provenientes del continente americano y de Estados Unidos, situación que, afirmó, refuerza la importancia de coordinar políticas entre ciudades.
Señaló que al inicio de su administración se duplicó la capacidad de los refugios y albergues públicos para personas en movilidad, además de fortalecer brigadas humanitarias y establecer una ventanilla de atención para realizar diagnósticos personalizados de las necesidades de cada familia migrante.
Indicó además que únicamente durante el primer semestre de 2026 fueron atendidas más de 5 mil 600 personas migrantes mediante servicios de alojamiento, atención médica y psicológica, así como canalización hacia programas y servicios públicos.
Añadió que la ciudad cuenta con un padrón de huéspedes para facilitar el acceso a derechos y servicios, además de garantizar atención médica y educación para niñas, niños y adolescentes migrantes.
La mandataria capitalina también anunció que el gobierno local avanza en la creación de un centro multiservicios donde las personas migrantes podrán acceder en un solo espacio a atención médica, orientación jurídica, programas sociales, vivienda y vinculación con organizaciones civiles.
Integración como estrategia para el desarrollo
Los participantes del panel coincidieron en que la migración representa una oportunidad para fortalecer el desarrollo económico, social y cultural de las ciudades, siempre que existan políticas públicas orientadas a la integración.
El intendente de Montevideo, Mario Bergara, afirmó que Uruguay ha construido históricamente su identidad a partir de distintas olas migratorias y sostuvo que la movilidad humana debe entenderse desde una perspectiva de derechos humanos y desarrollo. Señaló que una adecuada integración favorece la convivencia, fortalece la economía y contribuye a reducir problemas de inseguridad.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, explicó que la capital colombiana ha recibido cerca de un millón de migrantes venezolanos en los últimos ocho o nueve años y consideró que esta población representa una oportunidad para enfrentar los desafíos derivados del envejecimiento demográfico de la ciudad.
El alcalde destacó que una población migrante integrada genera beneficios económicos y sociales, por lo que defendió políticas de acceso a salud, educación y programas sociales como herramientas para reducir riesgos de exclusión y mejorar la seguridad.
En tanto, el gobernador de la Región Metropolitana de Santiago de Chile, Claudio Orrego, indicó que en esa ciudad se concentra alrededor del 58 por ciento de los migrantes de Chile, equivalentes a 1.1 millones de personas, fenómeno que ha generado importantes desafíos para los gobiernos locales.
Sostuvo que la regularización migratoria, el acceso al empleo, la educación y la salud constituyen mecanismos que favorecen la integración y ayudan a disminuir la inseguridad y la xenofobia, por lo que llamó a evitar la estigmatización de las personas migrantes.
Ciudades buscan fortalecer cooperación internacional
En una segunda intervención, Clara Brugada afirmó que, aunque las políticas migratorias corresponden a los gobiernos nacionales, las ciudades son las que enfrentan de manera directa los efectos de la movilidad humana y pueden garantizar el acceso de las personas migrantes a servicios públicos básicos.
La jefa de Gobierno planteó impulsar una agenda común entre ciudades que contemple el fortalecimiento de albergues, mecanismos para facilitar el acceso al empleo mediante alianzas con el sector privado y la creación de un “pasaporte urbano de derechos”, con el objetivo de que las personas migrantes puedan acceder a salud, educación y oportunidades laborales en cualquiera de las ciudades participantes.
Del mismo modo, propuso integrar un Observatorio Internacional para documentar casos de discriminación y xenofobia y compartir experiencias sobre políticas públicas.
Los representantes de Montevideo, Santiago y Bogotá coincidieron en que las políticas migratorias deben sustentarse en evidencia y resultados medibles para contrarrestar los discursos que vinculan la migración con la inseguridad.
Consideraron que mostrar el impacto económico y social de la integración puede fortalecer el respaldo ciudadano a estas estrategias.
Por su parte, la alcaldesa de San Luis, Missouri, Cara Spencer, llamó a fortalecer la cooperación entre gobiernos locales, compartir buenas prácticas y difundir experiencias exitosas que permitan modificar la percepción pública sobre la migración y destacar su contribución al desarrollo de las comunidades.
El encuentro reunió a autoridades de doce ciudades del continente como parte de las actividades de la Coalición de Alcaldes de las Américas, iniciativa orientada a promover la colaboración entre gobiernos locales para enfrentar los retos derivados de la movilidad humana con un enfoque de dignidad, inclusión y respeto a los derechos humanos.