La Unidad Especial para la Investigación de los Delitos de Despojo y Contra la Seguridad de la Propiedad y Posesión de Inmuebles de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ha asegurado dos mil 307 inmuebles de las siete mil 18 denuncias relacionadas con el delito de despojo.
Hasta el 29 de julio de 2026, fecha del último corte, el Ministerio Público de la Fiscalía mexiquense inició siete mil 18 carpetas de investigación por el delito de despojo y contra la seguridad de la propiedad y posesión de inmuebles en la entidad, de las cuales, el 50.54 por ciento han derivado en el aseguramiento de predios.
Del total de estas carpetas de investigación, informaron las autoridades que derivado de un análisis jurídico, se determinó que el 38.72 por ciento de ellas no son viables de investigación ya que se encuentran relacionadas a disputas sobre la propiedad o posesión, controversia civil o familiar por motivo de herencia o sucesión, o porque el denunciante no ha acreditado su derecho de posesión o propiedad, en tanto que 5.56 por ciento de ellos se han resuelto por acuerdo reparatorio, y en el 1.28 por ciento se ha determinado el no ejercicio de la acción penal.
A más de un año de la creación de la “Operación Restitución” — estrategia de seguridad en el Estado de México para combatir el delito de despojo de casas y terrenos, en las que se detiene a miembros de grupos delictivos y se devuelven los inmuebles a sus dueños legítimos, mil 452 han sido restituidos a quienes han acreditado legítimamente su propiedad.
Con acciones operativas realizadas en 83 municipios mexiquenses, elementos de la FGJEM, la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina y de policías municipales han asegurado dos mil 307 inmuebles relacionados con este tipo de delitos, de los cuales mil 852 corresponden a casa habitación, 422 son predios y 33 tienen son destinados a uso comercial.
De estos inmuebles enfajillados, mil 452 han sido devueltos a sus legítimos propietarios de los cuales mil 192 son casas habitación, 257 a predios y tres son de uso comercial.
A raíz de la implementación de esta Operación, propietarios de inmuebles que aparentemente eran víctimas de este tipo de delito, se animaron a iniciar un procedimiento legal para recuperar sus propiedades, hecho por el cual, justificó la Fiscalía mexiquense, hubo un incremento de 8.75 por ciento en los periodos comprendidos del 25 de abril de 2024 al 24 de abril de 2025 y del 25 de abril de 2025 al 24 de abril de 2026; ya que en el primero de estos periodos se contabilizaron cinco mil 85 denuncias por este ilícito, mientras que en el segundo fueron cinco mil 530 denuncias, es decir un aumento de 445 casos.
El resultado del incremento de las denuncias por este delito se observa con mayor notoriedad en años anteriores a la “Operación Restitución”, como en el 2023, cuando aparentemente la incidencia delictiva de invasores era menor, sin embargo, como lo explicaron las autoridades, en ese momento no existían suficientes herramientas para combatirlos y aparentemente, múltiples casos quedaban en cifra negra y en la impunidad.
Por ejemplo, en enero del 2023 se denunciaron 399 crímenes de despojo y para el mismo mes del 2026, 425, un incremento del siete por ciento; la cifra subió en febrero del 2026, con un aumento del nueve por ciento en las carpetas de investigación con 420, mientras que en 2023 se iniciaron 385.
Otro de los períodos más notables fue en los meses de abril, cuando en ese mes del 2023 se iniciaron 384 carpetas de investigación, en tanto que en ese mes del 2026, ya con “Operación Restitución” ejecutada, se denunciaron 407 casos, un incremento del seis por ciento.
A través de la Operación “Restitución”, se han detenido a 478 personas relacionadas con delitos de despojo y contra la propiedad, de las cuales, 404 han sido en flagrancia y 74 por órdenes de aprehensión, mismas que se encuentran en diversas etapas procesales ante un juez.
En relación a los delitos de despojo y contra la propiedad, el 20 de junio de 2025 fue publicado en el Semanario Judicial de la Federación la resolución de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se estableció que la facultad del Ministerio Público para devolver bienes asegurados a las víctimas durante la investigación, no viola derechos humanos ni invade funciones judiciales, además de que dicha medida busca restituir derechos a quien acredite la propiedad o posesión, sin decidir definitivamente sobre la titularidad de un inmueble.
Con este criterio jurídico se permite que el Ministerio Público levante el aseguramiento de un bien y lo devuelva a su legítimo poseedor o propietario.
En tanto, en la Ciudad de México el procedimiento es diferente, de acuerdo con autoridades, para devolver un inmueble se debe de robustecer la investigación penal para judicializar el caso y obtener una orden de aprehensión, argumentos que no convencen a los afectados.
Por lo tanto, en días recientes, víctimas de despojo en la alcaldía Benito Juárez acusaron a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de negarse a detener a invasores cuando son sorprendidos al ingresar a predios que no son de su propiedad, aún cuando, recriminaron, las denuncias se sustentan de video grabaciones y testimonios de los afectados.
Afirmaron que cuando las autoridades son llamadas a detener a los invasores y a observar in fraganti la conducta delictiva, se niegan a realizar los arrestos. Además, agregaron que en múltiples casos de despojo las autoridades utilizan el mismo modus operandi, de negarse a capturar a los invasores, por lo tanto, exigieron que en la capital se ejecuten acciones para combatir este crimen como en el Estado de México.
Sin embargo, en ambas entidades las penas por este delito aún son bajas. En el Estado de México, va de uno a cinco años de prisión, pero puede elevarse hasta 25 años y 6 meses de cárcel si existen agravantes graves como la participación de autoridades o daño a grupos vulnerables.
La reforma aprobada por el Congreso de la Ciudad de México elevó las sancionepara el delito de despojo. La pena mínima pasó de cinco a seis años de prisión y la máxima de 10 a 11 años.
Además, la legislación contempla sanciones económicas para quienes sean encontrados responsables de este delito. Antes de la modificación legal, el despojo contemplaba multas de 100 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Con los cambios aprobados por el Congreso capitalino, las sanciones económicas pueden aumentar hasta 200 mil UMA.
Los municipios mexiquenses en los que han sido desplegadas las acciones son Acolman, Aculco, Almoloya de Juárez, Almoloya del Río, Amecameca, Atenco, Atizapán de Santa Cruz, Atizapán de Zaragoza, Atlacomulco, Atlautla, Ayapango, Calimaya, Capulhuac, Chalco, Chapultepec, Chiautla, Chicoloapan, Chiconcuac, Chimalhuacán, Coacalco, Cocotitlán, Coyotepec, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán México, Donato Guerra, Ecatepec, Huehuetoca, Huixquilucan, Ixtapaluca, Ixtlahuaca, Jilotepec, Jiquipilco, Jocotitlán, Joquicingo, Juchitepec, La Paz, Lerma, Malinalco, Melchor Ocampo, Metepec, Mexicaltzingo, Morelos.
También han sido recuperados inmuebles en Naucalpan, Nextlalpan, Nezahualcóyotl, Nicolas Romero, Ocoyoacac, Ocuilan, Otzolotepec, Ozumba, Rayón, San Antonio la Isla, San Felipe del Progreso, San Mateo Atenco, Santiago Tianguistenco, Soyaniquilpan de Juárez, Tecámac, Temamatla, Temascaltepec, Temoaya, Tenancingo, Tenango del Valle, Teoloyucan, Tepetlaoxtoc, Tepetlixpa, Tepotzotlán, Texcoco, Tezoyuca, Timilpan, Tlalmanalco, Tlalnepantla, Toluca, Tonanitla, Tultepec, Tultitlán, Valle de Bravo, Valle de Chalco, Villa Guerrero, Villa Victoria, Xalatlaco, Xonacatlán, Zinacantepec y Zumpango.
De los detenidos, 53 sujetos son identificados como objetivos prioritarios, quienes se encuentran en diferentes etapas procesales, entre ellos:
- Hugo Francisco “N”, líder de la organización social autodenominada “Gestión y Organización Popular Emiliano Zapata” (GOPEZ)
- Brandon Salvador “N”, líder del grupo delictivo denominado “Los Gastones”
- Luis Alberto “N”, líder del grupo de choque denominado “Los 300” y/o “Unión 300 A.C
- José Luis “N”, líder de la autodenominada “Asociación Mexicana de Organizaciones Sociales” (AMOS)
- Sergio “N”, líder de “Los Souverbille” y Gulliver Cándido “N”, líder del grupo delictivo “Los Gulliver”
- Juan Manuel “N”, integrante del grupo autodenominado “Los Mayas” — vinculado a proceso por extorsión
- Ulises “N”, integrante de la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales de la República Mexicana “USON”, también vinculado a proceso por el delito de extorsión