El diputado local Víctor Hugo Romo, de Morena, afirmó que el derrumbe registrado durante la demolición de Minería 145, en la colonia Escandón el día 11 de agosto, representa un nuevo episodio que debe investigarse dentro de las presuntas irregularidades relacionadas con el Cártel Inmobiliario en Miguel Hidalgo.
Por ello, anunció que presentará una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para que investigue los hechos y determine si existen responsabilidades de servidores públicos, entre ellos el alcalde Mauricio Tabe y el Director General de Gobierno y Asuntos Jurídicos, César Garrido, así como de particulares involucrados en el proyecto.
Además, exigió que el alcalde Mauricio Tabe haga público el expediente completo, incluyendo licencia, responsivas técnicas, procedimiento de demolición autorizado, medidas de seguridad, visitas, actas de verificación y cualquier actuación administrativa realizada antes y después del colapso.
“Aquí no basta con que Tabe diga que la demolición tenía permiso. Precisamente porque tenía permiso queremos saber quién autorizó, quién verificó, quién supervisó y quién dejó que una demolición de esta magnitud terminara colapsando sobre la vía pública”, señaló.
El legislador detalló que desde enero de 2026, César Garrido sostuvo reuniones con representantes del inmueble para conocer y explicar los alcances del proyecto.
“Posteriormente, Miguel Hidalgo expidió la Licencia de Construcción Especial de Demolición MHLE/D/059/2026, expediente FMH-016-2026, para una superficie superior a 9 mil 300 metros cuadrados”.
Agregó que en el expediente aparece Raíces Houston, S.A. de C.V. como propietario y Nicolás Arturo Iris Aguilar, DRO-1836, como Director Responsable de Obra.
“La autoridad conocía el proyecto, conocía a los responsables y otorgó la autorización. Ahora tiene que explicar qué hizo para vigilar que los trabajos se realizaran con seguridad y conforme a la ley”, dijo.
Lamentó que durante la demolición parte de la estructura haya colapsado y se provocaran afectaciones al arbolado, además de generar un riesgo para trabajadores, automovilistas, peatones y vecinos, resultando una persona lesionada.
Romo afirmó que el Cártel Inmobiliario no son solamente pisos de más, sino que se debe de investigar cómo se autorizan los grandes proyectos, quién los gestiona, quién los verifica, quién permite que avancen y quién termina beneficiándose de ellos.
Señaló que su denuncia buscará que la Fiscalía investigue los hechos y establezca, con base en las pruebas, si existieron omisiones, irregularidades o conductas que pudieran constituir alguna responsabilidad.
“Minería 145 no era clandestino. La alcaldía lo conocía, hubo reuniones y existía una licencia. Ahora Tabe y sus funcionarios tienen que responder. No queremos deslindes: queremos el expediente completo, una investigación y responsabilidades donde las haya”, concluyó.