La familia de Adriana Oropeza Baez es propietaria desde el año 1878 de tres terrenos que pertenecieron al Rancho de Cuautla en la avenida Insurgentes Sur 4159, 4161 y 4163, sin embargo, desde 2016 un grupo de invasores tomó la propiedad y transformaron el terreno en una agencia de automóviles. A pesar de las denuncias en la Fiscalía capitalina y datos de prueba como escrituras que demuestran que son dueños del predio, el Ministerio Público envió su carpeta de investigación al no ejercicio de la acción penal.
El día del despojo, en abril del 2016, narró Adriana a Crónica, el velador del terreno de cinco mil 300 metros fue amedrentado con armas para que lo abandonara, en la carpeta de investigación se detalla que los invasores argumentaron que habían adquirido la posesión del sitio y que ante la negativa del guardia saltaron la barda, rompieron la cadena y el candado.
Señalan a presunto invasor y denuncian uso de documentación falsa
Adriana denunció al presunto invasor, Humberto Vega Romano, hombre que aparentemente es representante legal de “La Fama Montañesa”, empresa que se declaró en quiebra en 1944. La mujer narra que con una escritura falsa — que Crónica tiene en su poder — los despojadores tramitaron los alineamientos y números oficiales, en complicidad con servidores públicos ya sancionados.
“Una notaría le protocolizó a Humberto Vega en representación de la Fama Montañesa unos planos de derecho de vía, que no te hace propietario. Las presentó en juzgados con el predial a su nombre para decir que es el dueño; hizo el cambio de nombre del impuesto predial, ingresamos un oficio en la Tesorería para reclamar que nosotros no habíamos hecho ningún cambio y presentamos las escrituras. El Órgano interno hizo la investigación y nos reconoció como los dueños y que no se había realizado ningún trámite para realizar el cambio de nombre”, declaró Adriana a Crónica.
En el oficio de la Secretaría de la Contraloría General del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Administración y Finanzas capitalina se avala que el servidor público Noel Gandarilla Salgado, colaboró en el cambio ilegal de la documentación, con lo que fue sancionado con 15 días de suspensión. Posteriormente, el nombre de los propietarios en los comprobantes del impuesto predial regresó a la familia Oropeza.
“Dicho actuar se traduce en la falta de custodia y cuidado de la información que por razón de su cargo conservaba bajo su cuidado. Se realizó de manera ilegal el cambio y/o actualización de titular y/o propietario”, se lee en la resolución del Órgano Interno de Control.
Fiscalía no analizó la carpeta de investigación, denuncia la familia
Ya en la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (FIDAMPU), la carpeta de investigación, denuncia la familia, no fue analizada.
Conforme a las declaraciones de Adriana, desde años anteriores en la Fiscalía le sugirieron que para restituir la propiedad es necesario pagar grandes cantidades de dinero a las autoridades.
En la documentación presentada por La Fama Montañesa, se describe: “2016-3oropeza-LAFAMAMONTAÑESA”, con lo que se ostentan como los propietarios, aún cuando la familia posee las escrituras originales y, declaran, nunca realizaron sucesión o venta del predio a terceros. Adriana dispone del tracto sucesivo desde que los terrenos se vendieron en 1878 a Vicenta Quijada, para después ser adquiridos por su padre, José Luis Oropeza y sus hermanos. Del mismo modo, desconocen por qué en el folio de esos archivos se lee el apellido de su familia escrito en letras minúsculas junto a la razón social de la empresa que representa Vega Romano.
Así, en el tracto sucesivo se lee que el bisabuelo del padre de Adriana compró la propiedad que pertenece al Rancho de Cuautla, lo que demuestra que la propiedad nunca le perteneció a La Fama Montañesa. Adriana también mantiene los archivos de la primera inscripción de la propiedad, así como el convenio en el que el Departamento del Distrito Federalcompró a la familia una fracción de más de dos mil metros para realizar el trazo de la avenida Insurgentes Sur.
Documentos respaldan la propiedad del predio, asegura Adriana Oropeza
Del mismo modo, existe un oficio emitido por la alcaldía Tlalpan en el que no se emitió ningún registro de manifestación de construcción en ese predio para la edificación de la agencia automotriz.
Tras años de nulos avances en las indagatorias, el perito de la FIDAMPU solicitó el plano acotado, plano manzanero, topográfico, tracto sucesivo y más información para acreditar la legítima propiedad de Adriana y su familia.
“Cuando acudí a la Fiscalía me comentaron que la carpeta estaba en peritaje y que regresara la siguiente semana. Una vez que me dieron cita con la MP, Zoila, no me recibieron y el 17 de julio me informaron que mi carpeta la enviaron al no ejercicio de la acción penal por exceso de trabajo”.
Adriana impugnó la decisión y acudió a las reuniones que instaló el Gobierno capitalino para atender casos de despojo, no obstante el caso no ha tenido avances.
La familia tiene en su poder todos los documentos que avalan que son los dueños del predio. Uno de estos, además de las escrituras, es un certificado que comprueba la fecha de inscripción del terreno en 1957.
Anexado a las escrituras de cada una de las tres fracciones, Adriana conserva el documento emitido ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, en el que avala a Antonio, Enrique y José Luis, todos de apellidos Oropeza Leyte, como compradores de los terrenos y con clave catastral que lo certifica.