El Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) cumplimentó la recomendación de Derechos Humanos 09/2025, debido a que esa institución donó al Instituto Politécnico Nacional (IPN) los restos de Julio César Cervantes Cabañas, joven con discapacidad que se encontraba desaparecido, entrega de cuerpo que se realizó sin haber notificado a su familia, aún cuando lo buscaban con presunción de vida.
Luego de su muerte, la Fiscalía territorial no avisó a su homóloga de desaparecidos del hallazgo del cuerpo y por el contrario, el cadáver fue llevado al INCIFO y posteriormente donado a la Facultad de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, sin haber agotado las líneas de investigación para su identificación.
Sus restos fueron hallados hasta enero del 2024 en un parque de la alcaldía Coyoacán. El cadáver fue llevado al INCIFO y posteriormente donado a la Facultad de Medicina del IPN, sin haber agotado las líneas de investigación para su identificación.
Luego de acudir en múltiples ocasiones al INCIFO, con la esperanza de que su cuerpo estuviera en resguardo, fue hasta noviembre del 2024 que un trabajador del Instituto Nacional Electoral notificó a su madre que los restos de su hijo estaban en poder de esa institución. Al ingresar a reconocerlo, entregaron a Julio César sin órganos como lengua, ojos y esófago.
Adicionalmente, la Fiscalía tardó tres meses en la aplicación del cuestionario para recolectar datos de personas no localizadas, sin que se tomara en cuenta que el INCIFO ya lo había realizado, lo que provocó revictimización a su familia.
Con todo, no hubo acciones de búsqueda individuales, análisis estratégico, plan emergente de acción inmediata, entrevistas a profundidad y análisis de contexto, sumado a la tardanza de dos años en la solicitud de inscripción en el registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
Tampoco existió confronta de datos del cuestionario ante mortem con la información post mortem obtenida mediante periciales en medicina, fotografía, antropología y odontología, con ello se obstaculizó por más de 10 meses la investigación.
Esta situación provocó que Julio César fuera víctima de una segunda desaparición — administrativa —.
Previamente, el seis de mayo del 2026, la FGJCDMX emitió una disculpa pública por las omisiones.
Aunque dicha negligencia ocurrió en la administración anterior, el director del INCIFO, Arturo Gerardo Cervantes, enunció la disculpa: “reconocemos que existieron deficiencias en los procesos de identificación humana, en la confronta y aprovechamiento de la información disponible para establecer oportunamente la identidad de Julio César. Reconocemos que la coordinación institucional para favorecer su identificación fue insuficiente, que su cuerpo fue trasladado con fines de enseñanza antes de agotar las diligencias necesarias para lograr su identificación y localizarlos a ustedes, su familia”.
“Por ello hoy ofrezco una disculpa pública, sincera, respetuosa, sin reservas por todas las omisiones que vulneraron los Derechos Humanos de Julio César. Se afectó el derecho a que su identidad fuera preservada y reconocida, se vulneró el derecho de su familia a conocer oportunamente la verdad, se prolongó innecesariamente la incertidumbre que ninguna madre, padre o familia deberían de experimentar, cuando las instituciones del estado tenemos el deber de actuar con la mayor diligencia posible”.
“El Instituto no tenía que disponer de su cuerpo por ningún motivo, por ello, hoy se asume la responsabilidad institucional. Hoy se asume un compromiso firme de no repetición, el compromiso institucional de revisar permanente los procedimientos, a fortalecer los procesos de identificación humana y consolidar mecanismos eficaces de coordinación institucional”.
Adicionalmente, el titular del INCIFO resaltó que en la actualización del Manual de Procedimientos ha desaparecido el trámite que autorizaba la entrega de cuerpos de personas fallecidas a universidades y se concluyeron los convenios de colaboración con cualquier institución educativa que contemplaba entrega de personas fallecidas con fines de docencia e investigación.
Exigen investigación penal hacia exdirectora del INCIFO
La madre de Julio César, Laura Cabañas, se integró al colectivo de búsqueda de personas “Una Luz en el Camino” tras la desaparición de su hijo. La dirigente de la organización, Jaqueline Palmeros, tomó la palabra y exigió la investigación penal en contra de la exdirectora del INCIFO, Patricia Flores y hacia el exsubdirector del área de tanatología, Andrés Morales, por las faltas ejecutadas durante su gestión.
“Es inaceptable que funcionarios señalados por maltrato y corrupción sigan desarrollando su vida con normalidad, sin enfrentar sanciones administrativas ni consecuencias penales. Exigimos el esclarecimiento total y la sanción penal inmediata por las vejaciones, burlas y manejo irregular de los restos humanos al interior del INCIFO, así como por la donación no consentida de cuerpos a instituciones académicas”.
“Exigimos que la Fiscalía y la Comisión de Derechos Humanos actúen con debida diligencia y que las denuncias penales presentadas, la participación del Poder Judicial que también encubre estas vejaciones, que sancionen a los responsables. No es posible que Patricia Crespo haya salido por la puerta grande, ella salió con todas sus prestaciones, se jubiló y ¿Qué hay detrás de eso? Impunidad. Sin sanción a los culpables, no hay disculpa que valga”, exigió Jaqueline Palmeros.