La bancada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México propuso establecer un mecanismo claro, sencillo y coordinado entre instituciones para que las personas con discapacidad puedan presentar quejas y denuncias sin trabas administrativas cuando sus derechos sean vulnerados.
La diputada promovente, Daniela Álvarez, destacó que aunque la capital cuenta con un marco legal y organismos especializados en la atención de este sector, la dispersión de competencias entre distintas instituciones puede convertir el proceso de denuncia en un “laberinto burocrático”.
Álvarez cuestionó que las personas tengan que determinar por sí mismas si deben acudir al Instituto de las Personas con Discapacidad (INDISCAPACIDAD), al Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (COPRED), a la Comisión de Derechos Humanos, a su alcaldía o incluso iniciar un procedimiento judicial.
“¿De qué sirve tener derechos si, cuando nos los vulneran, no sabemos a dónde acudir?”, cuestionó.
La legisladora detalló que de acuerdo con INDISCAPACIDAD, en la actualidad no existe un camino interinstitucional claramente definido que acompañe a las personas desde la presentación de una denuncia hasta su resolución.
Por lo anterior, presentó un punto de acuerdo para establecer un mecanismo que permita determinar desde el inicio qué autoridad debe intervenir, además de ofrecer orientación y seguimiento durante el proceso.
La propuesta contempla que los procedimientos sean difundidos en formatos accesibles, lenguaje claro y con información sencilla, para evitar que las personas tengan que conocer la estructura burocrática de las instituciones para poder hacer valer sus derechos.
“La ciudadanía no tiene por qué convertirse en experta en burocracia para exigir lo que marca la ley. Exigimos que las autoridades se coordinen”, afirmó.
La diputada consideró que garantizar la inclusión no debe limitarse a eliminar barreras físicas, sino también a asegurar que las personas con discapacidad tengan mecanismos efectivos para denunciar y obtener una respuesta.
“La inclusión no puede significar únicamente construir una rampa; implica garantizar una puerta abierta y accesible cuando los derechos son atropellados”, concluyó.