La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investiga un expediente laboral promovido contra Grupo Herdez, ante la posibilidad de que durante el proceso se hayan utilizado documentos alterados y se haya simulado una relación de trabajo inexistente con el propósito de obtener un beneficio económico.
Las constancias integradas en la carpeta de investigación señalan que las autoridades revisan diversas actuaciones realizadas ante las juntas laborales, así como la documentación utilizada para sustentar el juicio que data de 2007 y cuyo monto económico habría sido relevante para el patrimonio de la empresa.
La indagatoria busca establecer si las promociones procesales presentadas durante el litigio fueron utilizadas para dar apariencia de legalidad a una reclamación laboral que, según los señalamientos incorporados a la investigación, se habría sustentado en hechos y documentos que no correspondían con la realidad.
Las diligencias realizadas son la entrevista de la litigante Irene León Escamilla, quien figura como imputada en la investigación. Según las constancias ministeriales, durante su declaración habría explicado la forma en que se prepararon y presentaron distintas promociones dentro del procedimiento laboral.
Revisan actuaciones y documentos del litigio
El testimonio incorporado a la carpeta también señala que las actuaciones procesales habrían seguido una línea definida por Humberto Cavazos Chena, titular del despacho en el que trabajaba León Escamilla.
La Fiscalía analiza ahora el alcance de esas actuaciones y busca determinar si existió una estrategia coordinada para influir en las decisiones de los órganos jurisdiccionales mediante información o documentación presuntamente alterada.
Uno de los puntos de la investigación es la validez del laudo mediante el cual se habría pretendido hacer efectivo el cobro reclamado contra Grupo Herdez. Las autoridades revisan si dicho resolutivo fue obtenido a partir de elementos que no correspondían con una relación laboral real.
La carpeta de investigación plantea que el procedimiento habría sido utilizado con fines patrimoniales ilícitos; sin embargo, corresponde al Ministerio Público continuar con las diligencias y reunir los elementos necesarios para determinar las responsabilidades que, en su caso, procedan.
La investigación penal permanece abierta y contempla el análisis de las actuaciones realizadas durante el juicio laboral, la documentación presentada y la participación de las personas señaladas. Será a partir de los resultados de estas diligencias y de las determinaciones judiciales correspondientes como se establecerá si existieron conductas delictivas y quiénes serían responsables.