La bancada de Morena en el Congreso local propuso reformar la Ley de Educación de la Ciudad de México para fortalecer la protección y seguridad jurídica de maestras y maestros ante denuncias falsas, señalamientos infundados y actos de hostigamiento por parte de madres, padres y tutores.
La diputada promovente, Juana María Juárez López, detalló que en los últimos años se ha registrado un incremento de denuncias falsas, procedimientos administrativos indebidos y prácticas de hostigamiento contra el personal docente, situaciones que atribuyó a conflictos personales, desconocimiento de los protocolos educativos, así como a posibles actos de dolo, abuso o chantaje.
Juárez López señaló que esta problemática ha generado un ambiente de violencia institucional en perjuicio del magisterio, por lo que consideró necesario revalorizar la labor de quienes participan en el proceso educativo.
La propuesta busca que la protección no se limite a maestras y maestros, sino que también alcance a quienes desempeñan funciones de supervisión, dirección, administración y apoyo, con el objetivo de garantizarles un trato digno por parte de las autoridades, las familias y la sociedad.
Entre las modificaciones planteadas se encuentra la incorporación de un Artículo XXX Bis a la Ley de Educación capitalina, para establecer la necesidad de fomentar el respeto a la labor del personal docente como pilar fundamental de la sociedad y del proceso educativo.
El artículo propuesto también contempla solicitar a la Autoridad Educativa Federal estrategias y protocolos de prevención, actuación y atención ante situaciones de violencia contra el personal docente.
Estos protocolos, de acuerdo con la iniciativa, deberán ser difundidos y accesibles para los integrantes de la comunidad educativa, y tendrán como finalidad garantizar la integridad personal, profesional y jurídica de las y los docentes durante el ejercicio de sus funciones.
Además, la legisladora propone modificar el Artículo 106 de la ley para establecer que las quejas anónimas sean investigadas y esclarecidas, mediante una revisión de los elementos de prueba disponibles para determinar si tienen sustento y descartar un posible carácter malicioso.
Juárez López argumentó que parte de la problemática actual tiene como antecedente la desvalorización de la figura docente registrada entre 2012 y 2018, periodo en el que, sostuvo, determinadas políticas públicas y discursos atribuyeron al magisterio responsabilidad por las deficiencias en la calidad educativa.
También señaló que la reforma educativa de 2013 introdujo mecanismos de evaluación con un enfoque punitivo, lo que, desde su perspectiva, generó una imagen negativa del profesorado, incertidumbre laboral y afectaciones a su desarrollo profesional.
La diputada recordó que esa reforma fue derogada en 2019 y que posteriormente se adoptó un enfoque orientado a la revalorización del magisterio. Añadió que el Programa Sectorial de Educación 2020-2024 estableció como objetivo reconocer a maestras y maestros como agentes fundamentales del proceso educativo y promover su desarrollo profesional, mejora continua y respeto a sus derechos laborales.
De acuerdo con la estadística del ciclo escolar 2024-2025 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), citada en la iniciativa, en la Ciudad de México existen 53 mil 840 docentes en educación inicial, preescolar, primaria, educación especial, secundaria y educación normal en escuelas públicas, mientras que 19 mil 175 laboran en instituciones privadas.