El Partido del Trabajo en el Congreso local busca reformar la Constitución Política de la Ciudad de México para reconocer a las personas neurodivergentes y establecer medidas específicas para garantizar su inclusión y evitar actos de discriminación.
La iniciativa, presentada por la diputada Diana Barragán, plantea modificaciones a los artículos 2, 4 y 11 de la Carta Magna local, con el objetivo de reconocer la neurodiversidad como una cualidad natural de las personas que habitan y transitan por la Ciudad de México.
Desde tribuna, la legisladora señaló que la propuesta busca fortalecer los mecanismos jurídicos e institucionales para prevenir y combatir la discriminación contra las personas neurodivergentes, además de identificarlas como un grupo de atención prioritaria.
Explicó que dentro de este sector se encuentran personas con autismo, trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), dislexia y altas capacidades, entre otras condiciones en las que el funcionamiento cerebral se presenta de manera distinta.
“No se trata de una enfermedad, sino de variaciones naturales en la evolución del ser humano”, sostuvo.
La petista señaló que uno de los principales problemas que enfrentan las personas neurodivergentes es que los entornos escolares, laborales y públicos no siempre consideran sus necesidades, lo que puede llevarlas a ocultar sus características para evitar discriminación, bullying o incluso problemas en sus trabajos.
A este comportamiento se le conoce como “enmascaramiento” o “masking”, explicó, y advirtió que puede generar estrés, ansiedad, depresión y agotamiento extremo.
La propuesta plantea que la Constitución capitalina reconozca que la Ciudad de México es neurodiversa, además de intercultural y pluricultural, al considerar que la población está conformada por una diversidad de cerebros y formas de sentir.
También busca establecer de manera explícita la prohibición de discriminar a una persona por ser neurodivergente, con el propósito de evitar que sea excluida, rechazada o maltratada por condiciones como autismo, TDAH o dislexia.
Autoridades deben garantizar inclusión
Otro de los objetivos es que las autoridades garanticen la inclusión de las personas neurodivergentes en ámbitos como la educación, el trabajo, la salud y la comunidad.
Para ello, Barragán Sánchez planteó la necesidad de implementar ajustes razonables, como otorgar más tiempo en los exámenes, habilitar espacios sin ruido y utilizar lenguaje claro en la información pública.
La legisladora sostuvo que reconocer la neurodiversidad en la Constitución permitiría avanzar hacia una sociedad en la que las diferencias neurológicas no sean motivo de exclusión.