La alcaldía Álvaro Obregón, furante la gestión de Lía Limón, pagó más de 31 millones de pesos, pero sus funcionarios no pudieron acreditar ante la Auditoría Superior de la Federación que los bienes supuestamente adquiridos realmente existieran o hubieran sido entregados.
Las operaciones forman parte de una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República por posibles irregularidades en el uso de recursos públicos.
La ASF detectó los hechos en la auditoría número 657, relacionada con recursos de Participaciones a Entidades Federativas y Municipios. La gravedad de las irregularidades llevó el caso ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción.
En total, están bajo investigación operaciones por 31 millones 490 mil 640 pesos, correspondientes a contratos para la supuesta adquisición de material eléctrico y electrónico para alumbrado público, pinturas, impermeabilizantes, uniformes y prendas de protección.
El dinero fue pagado, pero la Alcaldía no pudo demostrar ante la ASF dónde estaban los bienes ni acreditar plenamente su entrega.
La documentación presentada por los funcionarios no fue suficiente para demostrar que los productos contratados hubieran sido efectivamente recibidos por la Alcaldía en las cantidades y condiciones pactadas.
El caso abre así una línea de investigación por posibles operaciones simuladas y un eventual desvío de recursos públicos, pues se ejercieron millones de pesos sin que pudiera acreditarse materialmente qué recibió la Alcaldía a cambio.
La denuncia coloca bajo la lupa a los funcionarios de la administración de Lía Limón que participaron en la contratación, supervisión, recepción, validación y pago de los bienes.
Ahora la FGR deberá determinar quién autorizó los contratos, quién validó los pagos, quién dio por recibidos los productos y qué ocurrió con los bienes por los que se pagaron más de 31 millones de pesos.
La investigación también deberá establecer si se utilizaron documentos para respaldar adquisiciones que no pudieron comprobarse materialmente y si servidores públicos avalaron pagos sin contar con evidencia suficiente de la recepción de los bienes.
La pregunta central es inevitable: si se pagaron más de 31 millones de pesos, ¿dónde están los bienes?
La ASF ya llevó el caso al terreno penal. Corresponderá ahora a la FGR determinar quiénes participaron, qué responsabilidades existen y si detrás de estas operaciones hubo una simulación para disponer ilegalmente de recursos públicos.