La presidenta de la Comisión de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Congreso local, Liz Salgado, aseguró que la explosión en ña alcaldía Álvaro Obregón obliga a fortalecer los protocolos de supervisión y capacitación de usuarios de gas LP, ya que en un lapso de 7 años, se registraron casi 4 mil 500 emergencias relacionadas con fugas de gas.
Tras lamentar la pérdida de vidas y expresar su solidaridad con las personas lesionadas, sus familias y quienes resultaron afectados por el incidente, la panista señaló que las investigaciones deberán esclarecer dónde se originó el siniestro, sus causas y, en su caso, las responsabilidades correspondientes.
Advirtió que, independientemente de lo que determinen los peritajes, lo ocurrido vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de fortalecer las medidas de prevención relacionadas con el uso cotidiano de Gas LP en la Ciudad de México.
“El gas está presente todos los días en viviendas, restaurantes, mercados, tianguis y puestos de comida. Es un riesgo que conocemos y que podemos reducir. La pregunta es qué estamos haciendo antes de que ocurra un accidente”, señaló.
Salgado advirtió que no se trata de un riesgo excepcional, detalló que, de acuerdo con información oficial, entre enero de 2019 y enero de 2026 se registraron casi 4 mil 500 emergencias relacionadas con fugas de gas en la Ciudad de México.
Por ello, consideró necesario fortalecer los protocolos existentes, las revisiones preventivas y, especialmente, la capacitación para el uso seguro de Gas LP en sitios como establecimientos, mercados, tianguis y puestos fijos o semifijos.
“Necesitamos fortalecer la capacitación de quienes utilizan Gas LP, pero también saber quién revisa las instalaciones, con qué periodicidad, bajo qué protocolos y con qué capacitación; qué hacemos para que las personas conozcan los riesgos, mantengan instalaciones seguras y sepan cómo actuar cuando detectan una fuga o una condición peligrosa”, afirmó.
La panista sostuvo que, independientemente del origen de la explosión, miles de establecimientos y comercios en vía pública utilizan diariamente Gas LP, lo que incrementa el número de personas potencialmente expuestas a dicho riesgo.
Por lo anterior, consideró necesario fortalecer la supervisión preventiva de estos negocios, con la participación de las unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, y garantizar que la seguridad de las instalaciones y la prevención de accidentes sean una prioridad de la autoridad.
“El comercio en vía pública es una realidad cotidiana de nuestra Ciudad y representa el ingreso de miles de familias. La respuesta no puede ser perseguir a quienes trabajan ni tolerar condiciones inseguras. La obligación de la autoridad es prevenir, orientar, capacitar y corregir riesgos antes de que se conviertan en emergencias”, señaló.
Señala supuestas anomalías en ÁO
Salgado agregó que en Álvaro Obregón existe un elemento adicional que debe ser investigado: las denuncias de comerciantes sobre presuntos cobros irregulares relacionados con la operación del comercio en vía pública.
Recordó que durante la comparecencia del alcalde Javier López Casarín ante el Congreso de la Ciudad de México, en mayo pasado, le fueron entregados 22 casos reportados directamente por comerciantes, por lo que consideró indispensable conocer qué seguimiento se ha dado a esas denuncias.
“Si existen señalamientos de que servidores públicos utilizan su relación con los comerciantes para presionar o exigir cobros irregulares, hay que investigarlos. Seguridad, tolerancia y corrupción son incompatibles. La prioridad de la autoridad debe ser proteger a las personas, no utilizar sus facultades de manera discrecional”, afirmó.
Finalmente, insistió en que corresponde a las investigaciones determinar qué ocurrió en Avenida Alta Tensión y establecer las responsabilidades que correspondan, pero señaló que la discusión sobre la prevención no puede terminar con el esclarecimiento de este caso.
“Después de cada accidente podemos investigar qué ocurrió. Pero la verdadera tarea de Protección Civil es actuar antes: identificar el riesgo, reducirlo y evitar, hasta donde sea posible, que una emergencia termine en personas lesionadas o en la pérdida de una vida”, concluyó.