Ante alcaldes y representantes de más de 30 ciudades del mundo reunidos en el Urban 20 en Nueva York, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, llamó a construir una coalición mundial por la vivienda asequible y compartió la experiencia de la capital mexicana para hacer frente a la crisis global de acceso a un hogar.
Durante su participación en el foro: Vivienda, asequibilidad y el derecho, Brugada planteó que garantizar el acceso a una vivienda también implica defender el derecho de las personas a permanecer en sus comunidades.
“La Ciudad de México se suma a esta iniciativa de construir una coalición por una vivienda asequible a nivel mundial. Yo sé que muchas ciudades que están aquí presentes se van a ir sumando”, expresó.
En su intervención, la jefa de Gobierno destacó la postura de la capital frente a la crisis de vivienda: “construir sin expulsar, renovar sin desplazar y regular para garantizar derechos”.
“Frente a las ciudades mercancía, defendemos ciudades para ser vividas; frente a la especulación, proponemos la comunidad; frente a la expulsión, queremos lograr el derecho al arraigo; frente a la ciudad inaccesible, la ciudad asequible para las y los trabajadores”, sostuvo.
Brugada recordó que hace casi 40 años, en 1987, llegó a Nueva York como activista social, en el marco del Día Internacional de los Sin Techo, como parte de una movilización proveniente de América Latina y Centroamérica que compartía una demanda que, afirmó, mantiene plena vigencia: No housing, no peace —sin vivienda, no hay paz, en español—.
“Estamos aquí ya, en este caso, como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, pero con esas grandes luchas en defensa de la vivienda social, por políticas públicas, para que la población pudiera tener acceso a ella”, señaló.
La mandataria capitalina expuso que durante décadas en México se abandonó la política pública de vivienda y se dejó al mercado la responsabilidad de garantizar el acceso a un hogar, bajo una lógica en la que la vivienda fue entendida como una mercancía y millones de personas quedaron excluidas del sistema financiero.
Frente a ello, destacó el modelo que impulsa la Ciudad de México, en el que el Estado vuelve a ocupar un papel central en la producción de vivienda social y se incorpora la participación de las comunidades.
“Tenemos un modelo de producción, de transformación del territorio y los movimientos sociales trabajan junto con el gobierno para construir viviendas sociales”, explicó.
Brugada informó que entre 2018 y 2025 casi medio millón de personas salieron de la pobreza de vivienda en la Ciudad de México, aunque reconoció que persisten desafíos como la escasez de vivienda, la gentrificación y la expulsión de comunidades derivada de las dinámicas especulativas del mercado inmobiliario.
Política de vivienda se basa en 3 ejes
Por ello, explicó que la política de vivienda de la capital se basa en tres ejes: construcción masiva de vivienda social, regulación del mercado inmobiliario y cogestión con las comunidades.
Recordó que entre las primeras decisiones de su administración estuvo la creación de la Secretaría de Vivienda y la duplicación de los recursos destinados a este sector; la meta para 2030 es alcanzar 200 mil acciones de vivienda, tanto nueva como de mejoramiento.
“Significa un avance sin precedente en el abatimiento del déficit de vivienda, del rezago habitacional”, afirmó.
Como parte de este modelo, la Ciudad de México entrega créditos a tasa a familias trabajadoras, con esquemas de pago cuya devolución no supera 20 por ciento de sus ingresos.
“Nuestra política de vivienda es también una política de democratización del crédito, de inclusión financiera a quienes históricamente han sido excluidos de la banca tradicional”, sostuvo.
Brugada destacó que la vivienda social nueva que se construye en la capital puede tener un costo hasta tres veces menor al precio de mercado, con viviendas de menos de 50 mil dólares en zonas donde los inmuebles pueden alcanzar entre 150 mil y 200 mil dólares.
A esta estrategia se suma el inicio, este año, de una empresa pública de construcción de vivienda, así como la incorporación de criterios de sustentabilidad en los nuevos desarrollos. Además, se han instalado más de 16 mil tecnologías sustentables en viviendas, entre ellas sistemas de captación de agua de lluvia, calentadores solares y huertos urbanos.
Otro de los retos, señaló, es contar con suelo suficiente para producir vivienda social; en este sentido, informó que en los últimos dos años la Ciudad de México ha adquirido 250 mil metros cuadrados de suelo para desarrollar nuevos proyectos habitacionales.
Comentó que la política de vivienda contempla mejorar las condiciones de los hogares existentes, particularmente aquellos construidos mediante procesos de autoconstrucción que requieren ampliaciones, renovación o mejoras.
“Este año alcanzaremos las 40 mil viviendas mejoradas y transformadas. La política de vivienda no se puede limitar a construir, hay que cuidarla, mejorarla y modernizar”, afirmó.
La estrategia incorpora además el Sistema Público de Cuidados en los nuevos conjuntos habitacionales, con espacios para el cuidado infantil, personas mayores y personas con discapacidad, así como lavanderías públicas gratuitas y comedores.
Rentas y derecho al arraigo
Ante una problemática que, señaló, comparten ciudades de distintas partes del mundo, Brugada destacó las medidas que impulsa su administración para proteger a quienes rentan una vivienda.
Informó que se promueve una ley de rentas justas, razonables y asequibles, con el objetivo de que los alquileres no aumenten por encima de la inflación, así como una iniciativa de reforma constitucional para reconocer el derecho al arraigo comunitario.
La propuesta contempla la creación de una defensa inquilinaria para brindar protección pública a las personas arrendatarias frente a posibles abusos, además de mecanismos para evitar que los procesos de desalojo dejen a familias en situación de calle.
“Estamos reconociendo el derecho constitucional al arraigo comunitario, el derecho a no ser expulsado del barrio por los especuladores”, sostuvo.
También planteó que enfrentar la crisis de vivienda requiere ampliar la producción de vivienda social, pero también proteger a las comunidades y regular el mercado.
Finalmente, recordó que la Ciudad de México será sede del Foro Urbano Mundial en 2028, por lo que invitó a las ciudades participantes a continuar este diálogo y expresó su expectativa de que las iniciativas planteadas durante estos encuentros se traduzcan en acuerdos y acciones concretas para garantizar el derecho a una vivienda asequible.