El Gobierno de la Ciudad de México modificará el esquema de verificación de establecimientos mercantiles para privilegiar la prevención y corrección de irregularidades antes de aplicar suspensiones, particularmente en negocios de bajo impacto, anunció la jefa de Gobierno, Clara Brugada.
El nuevo modelo, denominado de “Prevención, Corrección y Cero Corrupción”, contempla el llamado Código Avisa, mediante el cual los establecimientos tendrán oportunidades para corregir incumplimientos antes de llegar a una suspensión.
La medida no aplicará cuando existan riesgos para la integridad de las personas o se detecten conductas como la venta de alcohol a menores de edad.
Brugada explicó que el propósito es evitar que una falta administrativa subsanable termine afectando la operación y la economía de pequeños comercios.
“Cero clausuras a los negocios de bajo impacto”, sostuvo, aunque aclaró que esta disposición no significa que los establecimientos puedan operar al margen de la ley.
La jefa de Gobierno planteó cuatro prioridades: construir un modelo preventivo en lugar de uno sancionador; evitar clausuras en negocios de bajo impacto; establecer “cero tolerancia a la corrupción”, y actuar de inmediato cuando exista una situación que ponga en riesgo a personas o comunidades.
El director general del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), Jorge Salvador Esquinca Montaño, los establecimientos serán diferenciados conforme al impacto que generan.
En los negocios de bajo impacto, como papelerías, tiendas de abarrotes, cafeterías y talleres mecánicos, se aplicará el Código Avisa. El procedimiento contempla una primera notificación para señalar las irregularidades y explicar cómo corregirlas; una segunda reiteración; un tercer apercibimiento y, si persiste el incumplimiento, la suspensión.
Los establecimientos de impacto vecinal o mediano impacto, entre ellos algunos restaurantes, espacios de hospedaje y otros giros autorizados para vender determinadas bebidas alcohólicas, tendrán dos avisos antes de la suspensión.
En cambio, los considerados de impacto zonal o alto impacto, como bares, cantinas, centros nocturnos, cabarets y discotecas, recibirán un apercibimiento previo cuando se detecten irregularidades que puedan ser corregidas.
En estos casos, la autoridad podrá ordenar el desalojo y cerrar temporalmente el establecimiento ante situaciones de riesgo, como exceso de aforo.
El esquema tendrá excepciones. La venta de alcohol a menores, la comercialización de otras sustancias, los generadores de violencia y los riesgos inminentes para visitantes o el entorno fueron definidos por el INVEA como asuntos “no negociables”.
Brugada puso como ejemplo una papelería o tienda de abarrotes que, pese a ser un negocio de bajo impacto, comenzara a vender alcohol a jóvenes. En ese caso, señaló, se aplicaría una intervención inmediata debido al riesgo que representa la conducta.
Además del Código Avisa, el INVEA y la Secretaría de Desarrollo Económico realizarán talleres informativos para empresarios y comerciantes.
También se habilitará la posibilidad de solicitar una verificación voluntaria para conocer previamente las irregularidades de un establecimiento y corregirlas.
El instituto anunció igualmente modificaciones para agilizar los procedimientos después de una suspensión.
Los establecimientos podrán solicitar citas por correo electrónico o teléfono y recibir asesoría sobre la documentación pendiente. Esquinca señaló que el objetivo es que, una vez entregados todos los requisitos, los establecimientos puedan reabrir en un plazo no mayor a 10 días hábiles.
Más controles contra extorsiones
El nuevo esquema incorpora medidas destinadas a identificar a los verificadores y reducir la posibilidad de actos de corrupción o extorsión.
Brugada informó que todas las visitas deberán contar con una orden digital auténtica, vigente y fundamentada.
“Si no hay orden válida, no hay verificación”, afirmó.
Los verificadores contarán con credenciales con código QR para que los responsables de los establecimientos puedan comprobar desde un teléfono celular si el funcionario está autorizado y conocer su identidad.
También utilizarán nuevos uniformes y distintivos que permitan identificar si pertenecen al Gobierno central, al área de transporte o a una alcaldía.
Esquinca explicó que los uniformes tendrán un número de verificador que deberá coincidir con la credencial.
Además, las diligencias serán videograbadas de principio a fin. El INVEA también está adquiriendo cámaras corporales para que cada verificador registre sus actuaciones durante toda la jornada laboral.
Los vehículos del instituto cuentan con GPS para registrar las rutas realizadas y verificar que correspondan con las diligencias programadas.
Otro cambio corresponde al pago de multas. La autoridad indicó que éstas deberán cubrirse directamente ante la Secretaría de Finanzas, sin intermediarios. La medida busca evitar que personas ajenas al procedimiento cobren dinero a los comerciantes a cambio de retirar sellos de suspensión.
Para denunciar posibles irregularidades o verificar la identidad de un funcionario se habilitará Verificatel, mediante Locatel. Brugada señaló que, si se detecta a una persona que se haga pasar por verificador para exigir dinero o amenazar con una clausura, el personal encargado podrá solicitar la intervención de la policía.
El gobierno capitalino anunció que difundirá el nuevo esquema mediante medios de comunicación, volantes y talleres. También buscará que las alcaldías, que cuentan con facultades propias de verificación, adopten el modelo.
Brugada señaló que los lineamientos serán publicados y que posteriormente se buscará avanzar con las demarcaciones para extender el mecanismo a toda la ciudad.
El objetivo planteado por la administración capitalina es pasar de una verificación “burocrática y reactiva” a otra de carácter preventivo y correctivo, manteniendo la intervención inmediata en aquellos establecimientos que representen riesgos para la población.