Una jueza de control de Tlalnepantla de Baz ordenó prisión preventiva contra Samuel Baldomero Carpio Martínez, acusado de extorsión, pero la medida no fue ejecutada debido a que el imputado salió del juzgado al concluir la audiencia del 2 de octubre.
La asesoría jurídica de la víctima, cuya identidad está reservada, informó que solicitará una orden de aprehensión y que se investigue cómo el acusado pudo abandonar las instalaciones judiciales.
Carpio Martínez fue vinculado a proceso el 1 de diciembre de 2025, en la causa de control 2878/2025. Previamente, durante la audiencia inicial del 27 de noviembre, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva justificada, pero la jueza determinó que el acusado podía continuar su proceso en libertad bajo diversas medidas cautelares.
Las condiciones impuestas fueron la presentación periódica, una garantía económica de 100 mil pesos, la prohibición de acercarse a la víctima y a su familia, la prohibición de salir del país y el uso de un localizador electrónico.
La jueza consideró entonces que el dispositivo permitiría monitorear los movimientos del acusado dentro de las zonas autorizadas y contribuiría a garantizar la seguridad de la víctima.
Restricciones de movilidad
El 2 de diciembre de 2025, el juzgado estableció como zonas autorizadas para Carpio Martínez su domicilio en Atizapán de Zaragoza y su centro de trabajo en Tlalnepantla.
En enero de 2026, la autoridad judicial rechazó una solicitud para ampliar esas zonas a la Ciudad de México. La resolución señaló que el monitoreo del localizador se encontraba limitado al territorio del Estado de México y que extender la medida haría que ésta resultara “obsoleta e inoperativa”.
Pese a ello, el acusado permaneció en la Ciudad de México entre junio y agosto de 2026, con base en autorizaciones otorgadas por escrito.
El 1 de septiembre, el juzgado rechazó una nueva solicitud de prórroga y le ordenó cumplir con las zonas previamente establecidas. Además, lo apercibió de dar vista al Ministerio Público ante el incumplimiento de la medida cautelar relacionada con el localizador electrónico.
Posteriormente, el órgano jurisdiccional rechazó otras cuatro solicitudes para trasladarse a la Ciudad de México, presentadas los días 4, 8, 21 y 22 de septiembre.
Ante estos antecedentes, durante la audiencia del 2 de octubre la jueza determinó imponer prisión preventiva al considerar acreditado el incumplimiento de las condiciones bajo las cuales el acusado enfrentaba el proceso en libertad.
Sin embargo, la orden no llegó a ejecutarse. De acuerdo con la asesoría jurídica de la víctima, al finalizar la audiencia Carpio Martínez salió de la sala y abandonó el recinto judicial.
La representación legal señaló que el acusado contó con la asistencia de su defensor particular, Gerardo Ostos, y planteó también la posible participación de personal de custodia adscrito a las salas de audiencia, por lo que solicitará que se esclarezca lo ocurrido.
La asesoría jurídica anunció que pedirá al Ministerio Público y a las autoridades correspondientes la orden de aprehensión contra el acusado, además de una investigación sobre las circunstancias en que abandonó el juzgado pese a que la jueza había ordenado su prisión preventiva.
El caso se encuentra relacionado con una acusación de extorsión cuya víctima mantiene reservada su identidad y cuyo proceso inició formalmente con la vinculación dictada en diciembre de 2025.