Como parte del paquete de iniciativas que el PAN impulsa, desde el Congreso local, para combatir el despojo en la Ciudad de México, el coordinador de la bancada, Andrés Atayde, presentó una propuesta para establecer responsabilidad institucional por omisiones en la atención de denuncias por este delito.
El legislador señaló que el despojo no representa únicamente la pérdida de un inmueble, sino una amenaza directa al patrimonio, la seguridad y la tranquilidad de las familias, particularmente cuando las autoridades no actúan oportunamente.
“Los anuncios no sustituyen los derechos exigibles; los compromisos administrativos no sustituyen las obligaciones legales; y una autoridad que llega tarde puede permitir que el daño se vuelva irreparable”, afirmó.
¿Qué se propone?
La iniciativa plantea establecer obligaciones específicas para las autoridades encargadas de atender las denuncias y mecanismos de supervisión para evitar que los casos queden sin seguimiento.
Entre las medidas propuestas se encuentra que las denuncias por despojo sean registradas y asignadas el mismo día de su presentación.
Además, cuando exista riesgo de que el despojo se consume, continúe o se agrave, las autoridades deberán analizar de manera inmediata la aplicación de medidas como inspecciones, medidas de protección o solicitudes de aseguramiento, de acuerdo con las facultades que correspondan.
También busca informar a las víctimas sobre las determinaciones tomadas por la autoridad y establecer una revisión por parte de superiores jerárquicos cuando una carpeta de investigación no presente avances, con el objetivo de detectar posibles casos de falta de seguimiento.
Como mecanismo de rendición de cuentas, la propuesta contempla publicar trimestralmente indicadores en datos abiertos para que la ciudadanía, el Congreso y los órganos de control puedan conocer el desempeño institucional en la atención de las denuncias.
Uno de los puntos centrales de la propuesta establece que, cuando una omisión de la autoridad contribuya a la consumación, continuación o agravamiento del despojo, las personas afectadas puedan reclamar responsabilidad patrimonial del Estado.
Para ello, deberán acreditar el deber legal incumplido, la existencia del daño y la relación directa entre la omisión de la autoridad y el perjuicio ocasionado.
Atayde sostuvo que el objetivo no es crear nuevos delitos ni establecer sanciones automáticas contra servidores públicos, sino fijar obligaciones y mecanismos de supervisión.
“Los anuncios no sustituyen los derechos exigibles; los compromisos administrativos no sustituyen las obligaciones legales; y una autoridad que llega tarde puede permitir que el daño se vuelva irreparable”, señaló.
Destacó que su iniciativa tampoco busca establecer una confrontación con la Fiscalía, sino generar mecanismos para supervisar la actuación institucional.
“Ésta no es una iniciativa contra la Fiscalía. Es una iniciativa para fortalecerla. No pretende castigar por castigar. Pretende prevenir, supervisar y corregir”, afirmó.