La Presidencia del Congreso de la Ciudad de México presentó un recurso de queja para que un Tribunal Colegiado revise la determinación del juez federal Germán Cruz Silva, relacionada con el proceso de ratificación del exmagistrado Manuel Horacio Cavazos López.
La presidenta del Congreso capitalino, Olivia Garza, informó que el recurso busca controvertir el requerimiento judicial para dejar sin efectos diversas actuaciones realizadas durante el procedimiento y repetir nuevamente la evaluación de Cavazos López.
Garza recordó que el proceso inició en 2020 y ha atravesado tres legislaturas, por lo que las actuaciones realizadas a lo largo de estos años corresponden a distintos órganos del Poder Legislativo y no pueden atribuirse a una sola persona, fracción parlamentaria o integración del Congreso.
“Hoy soy la presidenta del Congreso y eso significa asumir también los asuntos que recibe esta Presidencia. Vamos a cumplir con nuestras responsabilidades, pero también vamos a ejercer todos los recursos legales disponibles para defender las facultades de este Poder Legislativo”, afirmó.
La legisladora aseguró que el Congreso atenderá las determinaciones judiciales que correspondan, pero también recurrirá a los mecanismos legales disponibles para defender las atribuciones del Legislativo y las decisiones adoptadas por sus órganos.
En ese sentido, estableció una diferencia entre el cumplimiento de una resolución judicial y la facultad del Congreso para tomar decisiones dentro de sus competencias.
“Cumplir con nuestras responsabilidades no significa renunciar al derecho de defender al Congreso”, sostuvo.
Garza agregó que, desde su perspectiva, una autoridad judicial puede ordenar que se cumplan las formalidades correspondientes dentro de un procedimiento legislativo, pero no determinar el sentido que debe tener un dictamen.
“Lo que sí quiero dejar claro es que el juez nos puede ordenar que se cumplan con formalidades del procedimiento, pero no puede imponer el sentido de un dictamen; eso no pasará jamás”, afirmó.
También manifestó su respaldo institucional a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia y a su presidente, Alberto Martínez Urincho, al señalar que la defensa de las atribuciones de los órganos legislativos debe mantenerse al margen de diferencias partidistas.
“No soy presidenta de una fracción parlamentaria. Soy presidenta del Congreso de la Ciudad de México y mientras tenga esta responsabilidad voy a defender las facultades de sus comisiones, de sus diputadas y diputados, de su Pleno y del Poder Legislativo que represento”, concluyó.